El Ministerio de Justicia y Paz evalúa la implementación de una cárcel de carpas para ubicar privados de libertad. Exleine Sánchez, exviceministro de Justicia destituido el jueves, dejó un informe en el que comparó esta idea con el modelo “Tent City” (Ciudad de las Carpas) en Estados Unidos.
Ciudad de Carpas fue una cárcel del condado de Maricopa, que se usó por 24 años y estaba ubicada cerca de una zona franca a 10 minutos de Phoenix. El medio Univisión Arizona informó de que, en el año de su creación, en 1993, “su costo no superó los $80.000 porque, para su implementación, se utilizaron tiendas militares sobrantes de la guerra de Corea”.
Sin embargo, luego su costo se convirtió en una fuerte carga económica para el condado. Por año, demandaba $8,5 millones (casi ¢4.500 millones).
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Inicialmente, era un reclusorio para reos que debían cumplir sentencias menores a un año; años después, se usó para concentrar a las personas migrantes.
“A finales de los 90, tenía 82 tiendas de campaña y alojaba a 1.700 presos. Después de la implementación de la ley SB1070, se incrementó la población de inmigrantes indocumentados”, informó Univisión Arizona.
Esta cárcel fue controlada por el sheriff Joe Arpaio, a quien condenaron por negarse a cumplir la orden de un juez federal “de dejar de utilizar tácticas para detener inmigrantes irregulares basadas en el racismo”.
Según Univisión, las personas recluidas en Ciudad de Carpas se veían afectadas por el clima, ya que “las temperaturas en verano pueden alcanzar los 48 grados Celsius en Phoenix”.
En el 2017, este centro fue cerrado por el sheriff Paul Penzone.
Según el diario estadounidense The New York Times, Penzone no solo tomó en cuenta las condiciones en las que se encontraban los reos, sino el alto costo operativo.
“Tenía costos operativos anuales de $8,5 millones, era una carga económica tremenda. Se espera que cerrarlo ahorre al condado, que incluye a Phoenix, entre $4 millones y $4,5 millones al año”, informó este medio estadounidense.
The New York Times detalló que, en cambio, Arpaio alegaba que el reclusorio servía como emblema contra el crimen.
En un documento, dado a conocer por La Nación, el exviceministro Exleine Sánchez le advirtió al ministro de Justicia, Gerald Campos, de que las carpas son bienes “transitorios” con un costo que no deja de ser importante para el erario.
“Indistintamente del material de estas, son hechas para situaciones temporales, pues con el pasar de los meses se deterioran y es muy frecuente que la infraestructura penitenciaria sufra daños ocasionados por las personas privadas de libertad. No hay forma de repararlas, por lo que ello implicaría un cambio de toda la estructura y, por tanto, una erogación mayor, con afectación para las arcas de nuestra Patria”, detalló Sánchez.
Sánchez agregó que no solo hubo lecciones aprendidas de las prácticas de los Estados Unidos, con el cierre de la Ciudad de las Carpas, sino también con las manifestaciones que hicieron los activistas en pro de derechos humanos.
El exviceministro también le recordó al jerarca Campos que el Sistema Penitenciario Nacional recibe un alto control jurisdiccional desde los jueces de Ejecución de la Pena, hasta la Sala Constitucional, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, la Contraloría General de la República (CGR) entre otros.
