La Fiscalía de Madrid ha rechazado que se amplíe la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal y falsedad documental, al considerar que practicar más diligencias es innecesario para acreditar esos delitos y demoraría el enjuiciamiento de los hechos.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía se opone a la petición que hicieron el pasado 24 de junio las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Más Madrid, y que conllevó que la titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid aplazara la declaración de González Amador y de los otros cuatro empresarios investigados, que estaban citados ese día.
La declaración de la pareja de Ayuso ya se había pospuesto el pasado 20 de mayo porque alguno de los empresarios no podía comparecer, y por el momento no se ha establecido una nueva fecha.
Además de dos presuntos delitos de fraude fiscal por defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 y otro de falsedad documental, que son los que tiene sobre la mesa la titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, PSOE y Más Madrid pidieron que la causa se ampliase a otros delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y delitos contables.
Ahora, la Fiscalía se opone alegando que las diligencias solicitadas “no proceden por ser impertinentes varias de ellas —esto es, relativas a hechos que no son objeto de este procedimiento—, por ser inútiles otras —esto es, por ser superfluas— y por ser ilícitas otras —esto es, vulneradoras de derechos fundamentales, singularmente el de defensa—, adoleciendo varias de las diligencias de varias de las notas anteriores”.
Explica el Ministerio Público que “el objeto del presente proceso es cómo tributó González Amador los beneficios que obtuvo su empresa en los ejercicios 2020 y 2021, y no la licitud del origen de esos ingresos”.
Y sostiene que las diligencias solicitadas “son innecesarias para acreditar los hechos y delitos objeto del proceso, —que son los contenidos en la denuncia— y su admisión conllevaría extender el objeto procesal a otros hechos, lo que impediría el pronto enjuiciamiento de los delitos fiscales y el delito de falsedad que sí son objeto de este procedimiento, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
La investigación se remonta al pasado 5 de marzo, cuando la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados contra Alberto González Amador y otros cuatro empresarios al detectar unos movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Díaz Ayuso —que vio en esta causa una campaña en su contra—, por su enriquecimiento durante la pandemia. Un juzgado la admitió a trámite unas semanas después.
El 2 de febrero, el letrado envío a la Fiscalía un documento de ocho páginas titulado “propuesta de conformidad penal” en el que comunicaba que la pareja de Díaz Ayuso aceptaba “íntegramente” la comisión de dos delitos y proponía una pena de ocho meses de prisión y abonar unos 525.000 euros.
Esta causa dio pie a otra: la que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la querella interpuesta por el novio de la presidenta regional contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de asuntos económicos, por un presunto delito de revelación de secretos al publicar una nota con detalles sobre la investigación a González Amador.
Recientemente tanto el letrado de González Amador como el Colegio de Abogados de Madrid —que es acusación en este proceso— solicitaron que se eleve al Tribunal Supremo la querella por presunta revelación de secretos, ya que hay indicios que apuntan a la responsabilidad del fiscal general, Álvaro García Ortiz.
García Ortiz presentó previamente un escrito ante el TSJM en el que asumía la responsabilidad “última” de esa nota de prensa y pidió por ello elevar la causa al Supremo, al ser aforado.
