Tras pasar seis años y cuatro meses fugada de la justicia, Marta Rovira ha regresado a España. La líder de ERC viajó desde Suiza hasta Cantallops, un pequeño pueblo de Gerona, para ser recibida junto con otros prófugos en un acto festivo organizado por su partido y por Òmnium Cultural. También estuvieron presentes Oriol Junqueras y representantes de Junts, la CUP y los comunes. El retorno de Rovira se ha visto favorecido por el archivo de la causa abierta a Tsunami Democràtic y se ha organizado para celebrar lo que, a todas luces, supone una victoria del independentismo. Un triunfo procurado por la incuria procesal de García-Castellón y, de forma definitiva, por las concesiones que el Gobierno ha realizado a sus socios. Es de esperar que estos favores sigan prolongándose gracias a la debilidad parlamentaria que sostiene a Sánchez y al PSOE al frente del Ejecutivo. El regreso de Marta Rovira es el síntoma de una evidente anomalía democrática. En un contexto de normalidad política alguien con su trayectoria estaría obligado a rendir cuentas ante la justicia, pero la medida de gracia concedida por el Gobierno le ha dotado de una impunidad desde la que podrá reforzar su liderazgo en ERC. El argumento que el PSOE utilizó para justificar la amnistía frente a la inmensa mayoría de los españoles, contrarios a la medida, es que con esta gracia podría recuperarse la concordia en Cataluña y su normalización política. La coartada de Sánchez se estrella una y otra vez con la realidad y con el testimonio explícito de sus socios. La propia Rovira fue perfectamente clara y en su primera visita a España señaló que vuelven para terminar el trabajo que dejaron a medias. Una misión que exige quebrar nuestro orden constitucional e intentar extranjerizar a millones de españoles. El optimismo de Rovira, aunque sea lamentable, está plenamente justificado no sólo porque ya sabe que no tendrá que comparecer ante la justicia, sino porque ahora es consciente de que se enfrenta a un Gobierno más frágil y a una estructura de protección jurídica del Estado más debilitada. Cuando la presidenta de ERC tuvo que huir de España, el Gobierno y la oposición mantenían una posición firme y conjunta frente a las afrentas legales del independentismo. Recordemos que, en aquellos días, el Partido Popular y el PSOE votaron juntos la aplicación del artículo 155 y el bloque constitucional, más allá de las diferencias ideológicas, sabía priorizar la protección de la arquitectura legal e institucional por encima del partidismo y el beneficio propio. Aquella unión democrática sirvió como dique de contención contra el desafío separatista, pero ahora, poco más de seis años después, las constantes cesiones de Pedro Sánchez y del PSOE han terminado por adelgazar las defensas del Estado de derecho. La presencia de representantes de Junts para acoger a Rovira demuestra, además, el oportunismo ideológico de ambas formaciones. Por encima de las diferencias aparentes, la agenda prioritaria compartida por todos los independentistas es exactamente la misma. Pero Junts y ERC no sólo comparten objetivos finales. Esta semana hemos podido constatar que ambas formaciones pueden demostrar su falta de solidaridad en el reparto de menores no acompañados ante el silencio cómplice de un PSOE que siempre administra sus escándalos en función de su interés propio. El regreso de Rovira, a fin de cuentas, sólo ha servido para confirmar lo ya sabido: que la amnistía no normalizará Cataluña ni el independentismo catalán dejará de ser una ideología profundamente nacionalista e insolidaria.
