Este miércoles 17 de julio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a través de una audiencia virtual presidida por el juez supremo César San Martín, evaluará si procede o no el mandato de prisión preventiva de 30 meses, impuesta a la propietaria de Marka Group, Sada Goray, empresaria involucrada en el caso FondoMi Vivienda, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
En esta audiencia programada para iniciar a las 9:00 a. m., el tribunal revisará el recurso de casación presentado por la empresaria, con el objetivo de anular la resolución emitida por la 5ta Sala Penal de Apelaciones Nacional el 20 de octubre de 2023.
Cabe resaltar que la defensa legal de Goray solicitará que la sala suprema se pronuncie sobre la validez de que la Fiscalía cuestione su arraigo, considerando que previamente había aceptado su presencia en el extranjero. También pide que se determine si es posible que el tribunal superior, en la vía de apelación, niegue la existencia de un proceso de colaboración eficaz.
Además, pedirá que el tribunal se pronuncie sobre si la mera pertenencia a una presunta organización criminal es suficiente para considerar peligro de fuga y si se puede negar el arraigo domiciliario y familiar a una persona investigada que tiene familia, pero carece de una residencia habitual permanente.
Como se sabe, el pasado 8 de julio, el juez Raúl Justiniano rechazó una solicitud de Goray para cesar la prisión preventiva. Según Justiniano, la defensa no logró desvirtuar los graves cargos presentados por la Fiscalía ni demostrar que no existe peligro de fuga. Además, señaló contradicciones en la información proporcionada para acreditar el arraigo de Goray.
Sada Goray se encuentra bajo prisión preventiva debido a su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con el Fondo MiVivienda durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. La empresaria confesó haber pagado aproximadamente S/4 millones a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, para asegurar la aprobación de sus proyectos inmobiliarios.
Por ello, Goray está acusada de colusión y pertenencia a una organización criminal. De igual forma. La Fiscalía argumenta que existe un alto riesgo de que la empresaria intente evadir la justicia debido a la gravedad de los cargos y las posibles penas.
Por otro lado, se sabe que Goray Chong sobornó con 9,4 millones a funcionarios, obteniendo seis proyectos inmobiliarios del Fondo Mivivienda valorados en 254 millones de soles. Además, su soborno facilitó que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) le otorgara un terreno público en Chilca, que luego vendió por 47,6 millones de dólares.
A inicios de junio de 2024, Goray solicitó a la Fiscalía la entrega de una declaración que brindó en Miami (EE.UU.) a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, argumentando que fue utilizada por la exmagistrada. Esta reunión entre Goray y Benavides se realizó en el Consulado de Perú en febrero de 2023.
