La Iglesia católica peruana se ha pronunciado sobre las constantes amenazas contra la democracia y la vigencia de los derechos ciudadanos, que se traducen en la persistencia en lograr la captura de instituciones como la Junta Nacional de Justicia y organismos autónomos, como los que conforman el sistema electoral. La CEAS y los equipos de la Pastoral Social Nacional han emitido un comunicado que han denominado “La autoridad es un servicio y si no es un servicio es dictadura” define su posición en torno a las continuas acciones adoptadas por quienes usan el poder para favorecerse personalmente, sin contribuir a la sociedad y al bien común. En su pronunciamiento, hay una larga lista de acciones adoptadas para destruir la institucionalidad y atentar contra el Estado de derecho .
La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) ha sumado su voz a los obispos que hace poco también fijaron posición sobre la crisis política que nos afecta como país, y ha advertido que se está naturalizando en el Perú la cultura de la ilegalidad, que vulnera los derechos humanos y desconoce a los pueblos indígenas, fomentando la minería ilegal, la tala y otros delitos que afectan a la Amazonía, pone en riesgo la vida de los defensores de su hábitat natural y afectan de forma irremediable el medio ambiente.
La preocupación de la Iglesia católica está alineada con el papa Francisco, quien ha demandado que la democracia tenga en cuenta a los más pobres y a quienes requieren de una mayor presencia del Estado, es decir, los más vulnerables. Por esta razón, el comunicado también aborda el crecimiento que ha presentado la pobreza y la pobreza extrema, que ahora alcanza a más peruanos.
El comunicada critica con énfasis particular las leyes que buscan la amnistía de policías y militares que violaron los derechos humanos y las limitaciones a la aplicación de sanciones contra los crímenes de lesa humanidad. También incluyen las iniciativas que buscan la impunidad de las organizaciones criminales y que alientan las actividades ilegales.
La posición de la Iglesia católica peruana debe ser un llamado de atención a quienes, desde el poder, obstruyen la justicia, buscan la impunidad y afectan a los ciudadanos con su indolencia y su pasividad ante el crimen y la sinrazón. Y una voz de aliento para quienes persistimos en la defensa del bien común y la democracia en el país.
