Con dinero del financiamiento público. Según informe de Vigilancia Ciudadana, el prófugo Vladimir Cerrón recibió más de S/256.000 y a tres fujimoristas acusados en el caso Cócteles les dieron más de S/245.000. Otros fondos fueron para altos mandos de partidos.
El dinero que reciben los partidos políticos como parte del financiamiento público directo (FPD) ha sido utilizado, en algunas agrupaciones, para pagar a sus militantes con procesos judiciales y a los miembros de sus cúpulas. Así lo revela un informe de la Asociación Civil Vigilancia Ciudadana.
El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, está prófugo desde octubre del 2023. Un mes antes de pasar a la clandestinidad, percibió su sueldo como presidente de esta agrupación política, con dinero del FPD.
En el periodo 2023–II le asignaron S/59.841,26 como parte de su gratificación y vacaciones truncas, y sus remuneraciones de julio, agosto y setiembre.
Desde hace dos años, como parte de los gastos de funcionamiento ordinario, Perú Libre solventó las remuneraciones de Cerrón con fondos públicos. En los periodos 2022–I, 2022–II y 2023–I, el prófugo exgobernador de Junín recibió S/ 40.259, 43; S/ 89.030,68 y S/ 67.213, 10 respectivamente.
Sumando todas las remuneraciones, Perú Libre le entregó en estos tres años la suma de S/ 256.344,47.
Vigilancia Ciudadana observa que en el periodo 2023–II “el partido político le habría pagado en efectivo toda vez que el señor Cerrón tenía problemas con sus cuentas bancarias a consecuencia de sus procesos judiciales”.
Cerrón fue sentenciado en el caso Aeródromo Wanka a 3 años y 6 meses por el delito de colusión cuando era presidente regional de Junín.
Con el reporte correspondiente al primer semestre de este año, se sabrá si su partido continuó o no cubriendo sus remuneraciones mientras está prófugo.
Perú Libre es el partidos que más fondos del financiamiento público recibe debido a que fue la agrupación que más congresistas electos tuvo en los comicios del 2021. Sin embargo, de los 37 parlamentarios que tuvo, ahora solo tiene 11.
Los gastos ordinarios de Perú Libre con el FPD no se reducen solamente a su líder prófugo. También le pagaron a su exabogado José Llumpo Agapito más de S/72.000 por un servicio de asesoría legal al partido entre los meses de enero y mayo del 2023.
Lo mismo hicieron con extrabajadores del Gobierno Regional de Junín, como Jhor Quispe Gamarra, con S/34.628,76 y a Ofelia Ríos Pacheco, exsubdirectora de Administración Financiera, en total S/33.989,73, según Vigilancia Ciudadana.
En Fuerza Popular tres personas acusadas en el caso Cócteles recibieron pagos con el FPD.
Uno de ellos es el exasesor de Keiko Fujimori y expersonero de esta organización política Pier Figari, a quien el año pasado le desembolsaron en total S/53.350,74. Figari estuvo en la planilla del partido naranja como asesor en formación, capacitación e investigación. Actualmente afronta un juicio de lavado de activos en el caso Cócteles. El fiscal José Domingo Pérez pide 30 años y 10 meses de prisión en su contra.
A la extesorera de facto de Fuerza 2011 Adriana Tarazona le dieron en total S/104.116,56 por haber trabajado hasta el año pasado como asistente de recursos humanos.
Tarazona también es procesada por lavado de activos. El Ministerio Público le atribuye haber sido la presunta encargada de entregar recibos falsos a Jorge Yoshiyama para registrar aportes. El fiscal Pérez solicita 30 años y 10 meses de prisión en su contra.
A la exsecretaria personal de Keiko Fujimori, Carmela Paucará, le entregaron en total S/141.865,99 por haber sido coordinadora nacional de actividades. Al igual que sus dos compañeros de partido, está incluida en el mismo juicio por lavado de activos. El Ministerio Público pide 22 años y 8 meses de prisión en su contra.
Según información del Congreso, en la actualidad, Paucará trabaja como personal técnico en el despacho de la congresista de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, con un sueldo de S/7.346,40.
En setiembre del año pasado, cuando salió a la luz que trabaja en el Parlamento, su lideresa Keiko Fujimori la defendió. “Carmela Paucará es el caso más claro y escandaloso de abuso del sistema de justicia (…). Y ahora se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia”, tuiteó entonces.
El partido Somos Perú le ha pagado hasta ahora S/297.913,11 a su presidenta Patricia Li Sotelo. Esta cifra incluye remuneraciones y gratificación. El año pasado, Li Sotelo y una persona de nombre Humberto Marino Casachagua Cano fueron los únicos que percibieron dinero del FPD como parte de los gastos de funcionamiento ordinario.
En esta agrupación, además, contrataron hasta el 2023 a una sola empresa para actividades de formación y capacitación: Central Mediática S.A.C. Vigilancia Ciudadana reporta que, en total, le desembolsaron S/1.617.033,78.
“Hasta antes del reporte de VC registraba como actividades consultoría de gestión y publicidad, luego registra actividades tales como educación de adultos entre otros. No se puede precisar la fecha de este cambio, pero sí que fue posterior a diciembre del 2022. De la página Universidad Perú, se muestra la inclusión en sus actividades comerciales de Central Mediática SAC del rubro de “educación de adultos y otros”, agregó Vigilancia Ciudadana.
El año pasado, en el segundo semestre, el partido Avanza País le dio S/65.686,57 al presidente del partido, Aldo Borrero, y S/65.666,67 a Luis Flores Reátegui. Borrero, según el reporte, realizó acciones generales para el desarrollo de actividades de la organización política y Flores brindó servicio de gestión para la dirección de tesorería.
El 1 de marzo del 2023 este partido publicó un comunicado anunciando la suspensión de Flores Reátegui del cargo de secretario nacional de Economía y Tesorero. El documento fue firmado por el presidente de esa organización, Aldo Borrero.
Esa decisión se tomó tras la emisión de un informe del programa periodístico ‘Punto final’ sobre el pago de capacitaciones a la empresa Global Perú Comunicaciones S.A.C., pero que no se realizaron. Avanza País gastó S/464.920,00 para dichas actividades.
No se sabe el resultado que hubo en la investigación interna contra Reátegui por ese caso. Lo concreto es que meses después, en 2023, el partido le entregó más de S/60.000.
En Renovación Popular, en tanto, en sus gastos de funcionamiento ordinario reportaron que en el periodo 2022–II le pagaron S/18.132,00 a Julio Gagó y S/20.000 a Renzo Reggiardo. Vigilancia Ciudadana advierte que el partido no ha especificado qué servicio brindaron ambos. Gagó y Reggiardo son regidores en la Municipalidad de Lima con esta agrupación.
Así se usa el financiamiento público directo en nuestro país.
La Asociación Civil Vigilancia Ciudadana recomienda exigir vía reglamentaria la bancarización obligatoria de los pagos que se realicen con dinero del financiamiento público directo por montos superiores a S/250. Y que, además, en el reglamento se indique que los abonos a los proveedores de servicios incluyan la presentación de informes de conformidad, así como que se prohíba los desembolsos adelantados.
El área de financiamiento público de partidos de la ONPE siempre presenta observaciones por la manera en que las organizaciones políticas ejecutan esos fondos. En el Congreso, hay un proyecto de ley presentado por Alianza para el Progreso (APP) para que el monto varíe anualmente dependiendo de la cantidad de congresistas que mantenga cada grupo parlamentario.
Los fraccionamientos y disidencias ha ocasionado que bancadas con menos legisladores de los que ingresaron en las elecciones sigan recibiendo la misma cantidad de dinero del financiamiento público.
La propuesta duerme el sueño de los justos, por ahora.
Todos los partidos que obtuvieron representación en el Congreso, durante las elecciones del 2021, tienen derecho a recibir financiamiento público directo. A los 10 partidos con presencia en el Parlamento les corresponde en este quinquenio S/77 millones.
De ese monto, el 40% se distribuye de forma igualitaria y el 60% de manera proporcional al número de escaños que haya obtenido cada agrupación. De los fondos que recibe cada partido, deben invertir no menos del 50% en actividades de formación, capacitación e investigación. El manejo de este dinero es supervisado por la ONPE.
