BOGOTÁ, julio 11.— El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acude una vez más a la combatividad popular, ahora para presionar que se le permita cumplir con las políticas trazadas para el campo.
El pasado miércoles, Petro llamó al campesinado a movilizarse el próximo día 20 en todo el país, «por la democracia y la justicia rural», mediante un mensaje en la red social X, donde convocó a alistar la medida a los comités municipales y coordinadoras regionales de reforma agraria.
El llamado tiene lugar en el contexto de un paro nacional iniciado hace tres días por la Agenda Nacional Campesina (ANC) para protestar por la dilación de la entrega de tierras a quienes la trabajan, reportó PL.
La organización agregó que su propósito es pedir a las instituciones que honren los acuerdos hasta ahora incumplidos de transformar el campo y atender a la población rural, por lo que exigió a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional respaldar la reforma agraria integral y la necesidad de apoyar la reglamentación de la jurisdicción agraria.
Además, la Agenda Campesina reclamó al Congreso que convoque de manera prioritaria al debate en relación con la aprobación de la Ley Reglamentaria de la Jurisdicción Agraria.
«Es necesario que el Gobierno avance en la democratización del acceso a la tierra, la promoción de la economía campesina, y la materialización de los derechos del campesinado», demandó la ANC.
El proceso agrario permanece sin avance en el legislativo, entre otras causas, como resultado de la labor de zapa de la oposición, que ha entrampado ese y otros proyectos del ejecutivo, como la reforma de salud para maniatar el programa de Gobierno, razón por la cual Petro habla insistentemente de la necesidad de una Asamblea Constituyente que estatuya esa y otras iniciativas como parte de la ley de leyes.
El estancamiento en el tema tiene lugar a pesar de que la necesidad de repartir la tierra está contemplada en el primer punto de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las exguerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), propósito también incumplido como resultado de obstáculos que Petro ha denunciado, recordó PL.
Varias organizaciones campesinas han respaldado la medida de la Agenda Campesina, que inició su protesta pacífica el lunes ante las sedes en Bogotá de instancias como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Minas y Energía, agregó el despacho.
Hace pocos días, Petro reconoció que, pese a que el acuerdo suscrito entre el Estado y las antiguas FARC-EP consignó entregarle al campesinado tres millones de hectáreas, esa cantidad apenas asciende hoy a poco más de 200 000 hectáreas.
El mandatario develó que una de las cuestiones que impide el normal funcionamiento de ese proceso es que la extrema derecha del país habla con magistrados para que hundan los artículos que permiten al Gobierno comprar tierras a los latifundistas de manera rápida, y dársela a los campesinos.
Un informe del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, divulgado hace unos días luego de examinar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, estimó necesario acelerar los esfuerzos para la adjudicación de tierras con activos productivos.
Petro ha reiterado el compromiso de su Gobierno con la tarea, pero, a su juicio, deben constatarse otros cambios de tipo estructural para que esa intención pueda concretarse.
