El próximo miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defenderá en el Congreso de los Diputados una serie de iniciativas sobre los medios de comunicación que el Ejecutivo lleva preparando desde los cinco días de reflexión que se tomó el líder socialista tras conocerse la imputación de su mujer, Begoña Gómez.
Tras cinco meses elaborando la norma, no se conoce qué cuestiones atajará, pero Confidencial Digital sí ha podido saber que las dos formaciones de Gobierno ya negocian el paquete de medidas que darán a conocer entre el lunes y el martes.
Sumar tampoco ha sabido hasta esta semana los pormenores del texto, pero sí ha elaborado en estas semanas una batería de medidas que están encima de la mesa. Como adelantó este digital, ya presentaron una proposición no de ley para instar al Gobierno a regular el sector con seis líneas de actuación: desde impartir cursos a los ciudadanos para combatir la desinformación hasta promover políticas públicas que luchasen contra la precarización de los periodistas.
Los dos partidos ya están negociando y de estas conversaciones saldrá si se presenta como una iniciativa del Gobierno o como una propuesta socialista, en caso de que desde Sumar no estén de acuerdo con las propuestas plasmadas en el texto final.
Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que lo más probable es que las negociaciones terminen en varias proposiciones de ley acordadas entre ambas partes del Ejecutivo, aunque no concretan cuándo se presentarán en la Cámara Baja. Sin embargo, según confirman las mismas fuentes a ECD, sí parece decidido hacer públicas todas las medidas entre el lunes y el martes para allanar el terreno antes de la comparecencia del presidente en el Congreso.
Aunque el Gobierno no ha querido detallar en qué consistirá la regulación de los medios que lleva semanas planeando, sí ha deslizado algunas de las cuestiones que quiere modificar: la publicidad institucional y la transparencia. Esto es, el dinero que las Administraciones otorgan a dedo a los medios. En el Ejecutivo aseguran que las autonomías gobernadas por el Partido Popular y Vox han regado a medios afines con dinero público. Una afirmación para la que no aportan pruebas, aunque han amenazado con recurrir a la justicia porque “la ley de publicidad institucional no se está cumpliendo”, aseveran altos cargos de Moncloa a ECD.
Precisamente, responsabilizan a dichos medios de haber organizado una campaña de noticias falsas contra Begoña Gómez. Las publicaciones que la vinculan con un posible tráfico de influencias componen el total de la denuncia que presentó Manos Limpias y que fue admitida por el juez Juan Carlos Peinado el pasado 24 de abril.
Moncloa quiere cambiar el modelo para evitar que los ejecutivos y ayuntamientos gobernados por los partidos conservadores favorezcan a “medios afines”. Como adelantó ECD, una vía es dar mucho más protagonismo a las radios musicales en lugar de a las emisoras generalistas. Esta posibilidad permitir´al Gobierno favorecer a los 40 Principales como líder indiscutible del sector; una estación que pertenece al Grupo Prisa.
Otro de los grandes reclamos de Moncloa pasa por conocer quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. En el Ejecutivo aseveran que cuesta conocer quién es el dueño de un medio u otro, por lo que barajan que sea obligatorio en la nueva ley que preparan. Para la elaboración de la norma, han leído con especial atención la nueva normativa sobre medios de comunicación aprobada en Bruselas y cuya transposición es obligatoria en los próximos dos años.
También han trasladado en privado que la transparencia debe afectar a la financiación del propio medio: hacer público quién financia o cómo se financia el portal web en cuestión. Esta matización es importante. El Gobierno habla de pseudomedios refiriéndose a aquellos que son “digitales”; pero todas las publicaciones, incluidas las que mantienen su edición de papel, —El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia, El Periódico de España—. El Ejecutivo ha rehuido explicar a qué “portales” se refiere y cuáles califica de “psuedomedios” y cuáles de no.
En Sumar temen que gran parte de la propuesta que hará el PSOE se limite a redactar una definición de medio de comunicación para excluir del Congreso o de Moncloa a aquellos que no considera “difusores de bulos”.
