Un proyecto de ley, presentado la tarde de este jueves, plantea trasladar ¢39.000 millones del impuesto único a los combustibles a 79 municipalidades para que estas se encarguen del mantenimiento y conservación de 3.047 kilómetros de vías nacionales.
La iniciativa, formulada por el diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), surge en pleno conflicto entre el Gobierno y los ayuntamientos, por un decreto ejecutivo, que pretende aumentar en 3.071 la cantidad de kilómetros de la red vial que deben atender los municipios, sin que se eleven los presupuestos para esa labor.
El plan de Jiménez, el cual cuenta con la firma de otros 18 diputados y el apoyo de varios alcaldes, busca resolver esa disyuntiva quitándole recursos al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para dárselos a los gobiernos locales.
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En específico, el proyecto pretende modificar el inciso a, del artículo 5, de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias (N°. 8114), que asigna recursos al gobierno y a las municipalidades para la conservación vial, con base en la recaudación del impuesto a los combustibles.
Ese inciso otorga el 21,75% del tributo al Conavi para la atención de la red vial nacional, es decir, para la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento, la rehabilitación y la construcción de obras viales nuevas de la red vial nacional.
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Jiménez propone que ese porcentaje se reduzca al 14,46% y que el 7,29% restante se distribuya de la siguiente manera. Un 6,79% se traslade a las municipalidades, exclusivamente para la atención de esos 3.047 kilómetros de vías nacionales que estarían recibiendo y el otro 0,5% se deposite al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
El año pasado, el Ministerio de Hacienda recaudó ¢576.175 millones por el impuesto único a los combustibles. Esto implica que, de unos ¢125.318 millones que recibió el Conavi, si se aprueba este proyecto, la cifra se reduciría a ¢83.314 millones, es decir, un 33,5% menos.
Mientras, las municipalidades se repartirían ¢39.000 millones y el Lanamme recibiría ¢2.880 millones. Los nuevos recursos para los ayuntamientos son adicionales al 22,25% del impuesto a los combustibles que ya reciben.
En conferencia de prensa, Jiménez alegó que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Conavi son incapaces, materialmente, de atender las rutas que se trasladarían a los ayuntamientos.
Insistió en que esas vías son secundarias y terciarias, y que algunas son incluso, solo caminos de lastre. Detalló que la distribución de los recursos sería razonada y proporcional a las características de cada ruta. Estas pasarán a llamarse red vial local primaria.
“No solo se toma en cuenta la longitud de la ruta, sino el ancho de la calzada”, expuso Jiménez.
Jiménez señaló que, en la actualidad, la distribución se realiza de manera injusta y desproporcionada. Dijo que se distribuye el mismo monto por kilómetro para la atención de vías cantonales, sin tomar en cuenta el ancho de la calzada. El año anterior la asignación rondó los ¢3,1 millones por kilómetro y este año, con la reducción de las transferencias, bajó a ¢2,8 millones.
Con su propuesta, según explicó, un tramo de la ruta 310 que sería trasladada a la Municipalidad de Escazú, con una longitud de 2,3 kilómetros y un ancho de 9,3 metros, se le asignaría un promedio de ¢46 millones por kilómetro. En tanto, un tramo de la ruta 317, cuya conservación sería asignada a la Municipalidad de Puriscal, con 4,4 kilómetros de longitud y un ancho de calzada de 4,8 metros, recibiría ¢10 millones por kilómetro.
Según el texto, la Municipalidad de San Carlos recibiría 253 kilómetros de vías nacionales, Pérez Zeledón 233,5 kilómetros y Upala 115,9 kilómetros. En cambio, a San José se le trasladarían 6 kilómetros y a Mora 4,7 kilómetros.
La diputada independiente María Marta Padilla y el jefe de bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas, comprometieron su apoyo a la iniciativa. Incluso, Vargas sugirió al proponente impulsar un trámite rápido.
