Unos 3.071 kilómetros de vías encargadas, hasta ahora, al MOPT, pasarían a ser responsabilidad de los gobiernos locales.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se esfuerza por aquietar las preocupaciones de las municipalidades por la entrada en vigor de un decreto emitido en setiembre para redefinir cuáles vías son nacionales —bajo responsabilidad del gobierno— y cuáles son cantonales, cuyo mantenimiento corre por cuenta municipal.
Unos 3.071 kilómetros de vías encargadas, hasta ahora, al MOPT, pasarían a ser responsabilidad de los gobiernos locales. El Ejecutivo solo se haría responsable de las rutas estratégicas, conducentes a puertos, fronteras y aeropuertos. Las municipalidades dudan del traslado de recursos suficientes para encarar la nueva tarea y sospechan de un simple intento de “zafarles el bulto”. Los hechos parecen darles la razón, con importantes consecuencias para la parte de la red nacional objeto de la discordia.
El MOPT argumenta el supuesto beneficio de trasladar al gobierno local la fijación de prioridades, pero con esa facultad viene la exposición a reclamos de las comunidades por los segmentos de carreteras excluidos de la atención preferente. La necesidad de señalar prioridades implica insuficiencia de recursos para atender la totalidad de las nuevas vías, sin olvidar la queja municipal sobre la escasez de presupuesto para dar mantenimiento a los caminos cantonales en la actualidad.
Esas carreteras seguramente entrarán en competencia con las nuevas responsabilidades asignadas a los gobiernos locales por el decreto y la facultad de establecer prioridades abarcará decisiones sobre la reorientación de recursos actualmente invertidos en la red cantonal. Las vías nacionales cumplen una función vital en los cantones por donde pasan y las municipalidades no pueden ser indiferentes ante su deterioro.
Las autoridades también aseguran tener la intención de ejecutar un proceso paulatino de traslado de responsabilidades, pero el decreto redefine las vías de una vez. Según el viceministro de Infraestructura y director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Efraim Zeledón, el decreto solo establece los parámetros para identificar las rutas ajenas a la red estratégica con el objeto de saber cuáles podrían ser trasladadas a la red vial cantonal.
La explicación poco aporta a la tranquilidad de los gobiernos locales porque, hecha la definición, para el traslado de las vías solo falta un paso y, a juzgar por lo sucedido hasta ahora, podría darse con mucha rapidez. El decreto fue publicado en setiembre; sin embargo, el gobierno promete impulsar, en los próximos meses, una ley para regular el proceso. Si la ley va a tener esa función, queda por explicar la utilidad del decreto.
Por otra parte, el éxito de la administración en el impulso de su agenda legislativa es muy limitado. Nada garantiza la oportuna presentación de la iniciativa de ley, y mucho menos su expedita aprobación en el Congreso. ¿Qué sucedería, mientras tanto, con el decreto?
Sin tener claridad sobre el contenido de la ley, el MOPT se animó a hablar de dinero con las municipalidades. En una reunión reciente, el ministro Mauricio Batalla ofreció un 12% de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) no se satisface con eso, porque, según sus dirigentes, el Conavi tiene asignado un 21,75% del tributo a la atención de las mismas vías. Además, según José Miguel Jiménez, alcalde de Río Cuarto, “es un ofrecimiento verbal, no hay nada plasmado por escrito”. El decreto, agrega el funcionario, entra a regir el 10 de julio y aún no les han indicado cuánto van a pasarles ni cuál va a ser la forma.
Quizá la más elocuente causa de inquietud es la confesión, pura y llana, de la incapacidad del Conavi para atender las vías “no estratégicas”. Según Zeledón, muchos alcaldes son conscientes de que en este momento, por limitaciones presupuestarias, el MOPT y el Conavi no pueden hacerse cargo de rutas que para los gobiernos locales no son estratégicas. “A nosotros se nos dificulta mucho atenderlas”, afirma.
Pretender que las atiendan otros con la mitad de los recursos no parece compatible con la idea de “empoderar” a los alcaldes para establecer mejor las prioridades.
