Retrasar la edad de jubilación fue uno de los pilares de la reforma de pensiones que impulsó el ministro José Luis Escrivá y de los planes que persigue ahora tiene la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, como fórmula para disponer de más población activa que financie las pensiones y retrase el cobro de la jubilación en un momento de fuerte deterioro del sistema público. Los cambios legales que emprendió el Gobierno en 2021 universalizaron, por tanto, el retiro voluntario para todos los trabajadores, pero, en la práctica, los funcionarios se están topando con el rechazo de los gobiernos autonómicos , que están denegando las peticiones de alargar la vida laboral de los empleados del sector público. Tras las quejas recibidas, el sindicato mayoritario de funcionarios, CSIF, ha enviado una carta al titular de Transformación Digital y Función Pública en la que comunican lo que está ocurriendo. «Son varias las administraciones -dicen- que están acordando en sus previsiones presupuestarias u otra normativa, no conceder esta prolongación a ningún funcionario, ni siquiera a los cuerpos nacionales sobre los que carecen de competencias , teniendo únicamente atribuidas las de gestión». Y añaden: «en base a estas competencias de gestión, dejan sin efecto el derecho de los trabajadores públicos afectados a la prolongación de la vida laboral y modifican el estatuto jurídico de los mismos». En la misiva, los funcionarios explican a José Luis Escrivá que el argumento que se está utilizando por las autonomías para vetar el derecho es que entra en conflicto con el Estatuto Básico del Empleado Público , en el que se fija como obligatoria la jubilación a los 65 años. «Carece de toda lógica que la voluntad legislativa sea la incentivación de la prolongación de la vida laboral y la permanencia en el servicio activo y, en contra de esto, una administración, por vía de hecho, mediante su legislación propia, contradiga estas previsiones y haga que resulte imposible esta prolongación», dicen los empleados públicos en la carta al ministro, al que reclaman que subsane por ley esta discriminación . Por último, solicitan a Escrivá que convoque la mesa general de negociación de las administraciones públicas para reformar la norma y garantizar así la aplicación del derecho de retiro. Aprovechan también para pedir que en esta misma mesa de negociación se aborde un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo, así como la estructura salarial previa a los recortes de 2020. Igualmente, quieren negociar la jornada laboral de 35 horas para todas las administraciones, regular la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario y estatutario y actualizar las indemnizaciones por servicio .
