Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, solicitó garantías para su vida tras las agresiones que sufrió al salir de la audiencia del 9 de julio por el caso Cócteles. Además, denunció que es víctima de amenazas por medio de redes sociales. La letrada presentó una denuncia en la comisaría de Cotabambas y solicitó protección ante la Prefectura de Lima.
El 9 de julio, a la 1.00 p.m., se suspendió la audiencia del juicio oral contra Keiko Fujimori. Loza salió de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, brindó declaraciones a los medios y, al abordar un taxi, fue golpeada con un palo por un manifestante. Además, decenas de personas la insultaron y golpearon el auto donde iba.
“Es inexplicable. Ustedes pueden ver los videos, va un grupo, me sindica y viene. O sea ¿me estaban esperando para agredirme? Yo no quiero pensar que todo esto está orquestado para lesionarme en este caso. Hoy no ha sido un hecho grave, no esperemos que lo sea. Yo he declarado antes ustedes e inmediatamente me dirigí hacia el lado izquierdo, habré dado 15 pasos y empezó toda la turba. Llegamos a la esquina y de la nada salió más gente, o sea yo no sé si estaban escondidos o qué, no tengo la menor idea. No quiero pensar que esto haya sido orquestado para lesionarme”, dijo a Latina.
En esa misma línea, informó que a través de las redes sociales sujetos desconocidos realizan convocatorias para volver a agredirla en la próxima audiencia (15 de julio), por lo que está evaluando si acudirá de forma presencial o virtual.
“Incluso, en redes sociales hay pedidos y convocatorias para que vayan al juzgado a agredirme y lanzar cosas, lo cual es totalmente reprochable”, anotó.
“Los ataques físicos y verbales que he sufrido ayer y las amenazas que vengo recibiendo por redes sociales, hemos considerado necesario acudir a pedir las garantías a fin de que no se repitan estas agresiones en mi contra”, agregó.
En respuesta, el Colegio de Abogados de Lima se pronunció rechazando lo sucedido contra la integridad de Loza. Incluso, pidieron al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, “dotar de efectivos policiales alrededor de los ambientes donde los profesionales del derecho ejercen su función, a fin de preservar su integridad física, psicológica y emotiva para el debido ejercicio de la defensa”.
“Rechazamos todo acto de violencia contra los colegas de la orden y lamentamos profundamente que se ataquen a los abogados, más aún tratándose de una mujer, lo que refleja un acto de cobardía, pues atenta a su derecho al trabajo e integridad, debiéndose evitar esta clase de situaciones”, se lee en el comunicado.
