Las organizaciones Aidesep y Central Asháninka del Río Ene denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las constantes amenazas que enfrentan los defensores indígenas, producto del narcotráfico y la minería ilegal, y las situaciones de agresión física y persecución que terminan en muerte por los intereses de estas mafias, debido a la lucha frontal contra las actividades ilícitas.
En ese contexto, los representantes de las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana, durante una audiencia virtual sobre los ataques y criminalización de personas defensoras ambientales en la región, organizó la CIDH el martes 9 de julio, contaron la poca o nula acción del Gobierno para la protección de sus derechos y la garantía de entornos seguros.
“A los altos niveles de riesgo que enfrentamos, ahora se agrega la criminalización a la que estamos siendo sometidos por nuestra lucha frontal contra las economías ilícitas extractivas que vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas", dijo el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.
Pedro Valerio reveló que no solo las mafias del narcotráfico lo han señalado, también el propio Gobierno "mediante un proceso injusto e irregular" desde septiembre de 2023, en una investigación que inicialmente planteaba su detención sin que haya sido debidamente notificado para el ejercicio de su defensa.
“El poder punitivo del Estado está siendo usado arbitrariamente como una herramienta para silenciar a defensores ambientales, usando como fachada la legalidad. Es una conducta patrón de las mafias, en algunos casos, en alianza con políticos que están en el Estado", sostuvo.
En tanto, el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Miguel Guimaraes Vásquez, denunció que desde el 2014 al 2024 ya se han registrado 35 asesinatos de defensores indígenas, quienes protegían los bosques y territorios amazónicos.
“Somos asesinados por las organizaciones criminales de las economías ilegales como la tala y minería ilegal y el narcotráfico. En noviembre de 2023 fue asesinado el hermano Quinto Inuma, pese a que contaba con medidas de protección por parte del Estado. Por este caso, la Comisión Interamericana otorgó en marzo la medida cautelar 110923, pero las autoridades se niegan a implementarla”, denunció.
Solicitó que la CIDH exhorte al Estado peruano para que cumpla con proteger la vida de los defensores indígenas, ya que a pesar de la situación crítica, las denuncias y evidencias de las amenazas, el Estado no toma las medidas correspondientes.
También se refirió al caso de Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, amenazada de muerte por haber denunciado el derrame de petróleo en el kilómetro 177 del oleoducto ramal norte, en el distrito de Morona, de Datem del Marañón, en Loreto. Pese a ello, hay una falta de articulación de mecanismos de protección para la defensora por parte del Gobierno.
Desde 2014, la organización Global Witness ha reportado que al menos 296 defensores indígenas fueron asesinados en la Amazonía global. Según el informe presentado el 2023, un defensor ambiental fue asesinado en promedio cada dos días durante el 2022.
