En sesión extraordinaria de trabajo, el Consejo de Ministros ejerció la iniciativa legislativa para presentar a la aprobación del Consejo de Estado seis decretos leyes, a partir de los cuales se actualizan las disposiciones jurídicas para los actores económicos no estatales del país.
De acuerdo con la explicación ofrecida durante la reunión del máximo órgano de gobierno ─encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigida por el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz─, para las modificaciones en cuestión se han tenido en cuenta dos objetivos fundamentales.
El primero de ellos responde a cómo se corrigen las distorsiones que están presentes en el actuar de las formas de gestión no estatal. Unido a ello, se delinean acciones encaminadas a ordenar dicha actividad, de manera tal que se actúe coherentemente y que su aporte sea un verdadero complemento de la economía nacional.
En tal sentido, fueron presentados los proyectos de decretos leyes modificativos del Decreto Ley 44, Sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia; el Decreto Ley 46, sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y el Decreto Ley 47, sobre las Cooperativas no Agropecuarias.
Asimismo, se incluyen el Decreto Ley modificativo de los decretos Ley 48 y 65, que establecen el Régimen Especial de Seguridad Social aplicable a los Trabajadores por Cuenta Propia y a los socios de las Cooperativas no Agropecuarias y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el de los titulares y los trabajadores contratados de los Proyectos de Desarrollo Local, respectivamente; el Decreto Ley modificativo de la Ley 113, Del Sistema Tributario; y el Decreto Ley modificativo del Decreto-Ley 45, Para las Contravenciones en el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y las Cooperativas no Agropecuarias.
Durante la jornada de trabajo se informó que el resultado final de dichos documentos es fruto de un amplio proceso de consulta iniciado en 2023, en el cual estuvieron involucrados, en diferentes momentos, organismos de la Administración Central del Estado, Gobiernos territoriales, órganos decisorios, el grupo central de capacidad legislativa, actores económicos no estatales, el Consejo de Ministros y otros.
Todo ese análisis permitió llevar a cabo una evaluación más integral de las propuestas o los criterios emitidos, y al mismo tiempo mejorar la calidad de las normas presentadas. Asimismo, se definieron temas que es necesario seguir estudiando con el propósito de perfeccionar aún más el desempeño de esos actores.
Como un elemento importante a tener en cuenta, durante la reunión del Consejo de Ministros se insistió en que esas no son las únicas normas jurídicas que se aplican a los actores económicos no estatales, de ahí la necesidad de trabajar en armonía con la actualización de otras normas específicas de diferentes organismos que en estos momentos también se actualizan.
La propuesta de modificación de normas para la gestión de los actores no estatales de la economía, si se aplica correctamente y con un debido control, en correspondencia con las medidas adoptadas como parte de las proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, posibilitará un mayor ordenamiento y regulación de la economía, y a su vez de dichos actores, teniendo en cuenta su misión complementaria dentro de la economía nacional.
Al reflexionar sobre esos temas, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, enfatizó que la actualización de las normas “para nada es una cruzada contra las mipymes, ni contra las otras formas de gestión no estatal”.
Estamos hablando ─subrayó─ de políticas que fueron aprobadas en el Congreso del Partido y ratifican la participación de diferentes actores en la Estrategia de desarrollo económico y social.
“No se trata de prohibir o dar un paso atrás; esto es regular, es acompañar, conducir, controlar”, dijo.
Recordó, además, que en las normas aprobadas inicialmente se dejó clara la intención de actualizar su contenido a los dos años, teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvolviera el país.
Reconoció que esas primeras normas “adolecían de muchos aspectos que no se previeron y dejaron un vacío jurídico que condujo a determinadas distorsiones que se hace necesario corregir, a lo cual también se unieron errores cometidos por las contrapartes estatales a la hora de la contratación”.
Todo eso se actualiza para ─enfatizó─ “continuar avanzando en el camino correcto” y precisando “el papel que le corresponde a cada actor en la economía del país; la Constitución de la República deja claro que el principal actor de la economía es la empresa estatal socialista y las diferentes formas de gestión no estatales son un complemento de ella”.
El ejercicio de actualización que realizamos en estos momentos ─aseguró─ está encaminado a “reordenar el trabajo y perfeccionarlo, en aras de que todas las formas de gestión tributen al desarrollo económico y social del país”.
Como parte de la agenda de esta sesión extraordinaria del Consejo de Ministros ─donde también estuvieron presentes los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, así como otros invitados de la Asamblea Nacional del Poder Popular─, los miembros del máximo órgano de gobierno aprobaron, además, el Decreto modificativo del Decreto 49, De las actividades no autorizadas a realizar por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas privadas, Cooperativas No Agropecuarias y Trabajadores por Cuenta Propia.
De igual manera, se adoptó el Decreto para la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.
También en esta reunión extraordinaria se proyectó a los miembros del Consejo de Ministros un video que recoge la actualización hecha por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante el VIII Pleno del Comité Central del Partido, sobre el estado de la implementación de las proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el primer semestre del 2024. Dicho informe será presentado a los diputados en la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Los precios definidos para una selección de productos de alta demanda todavía son altos y aún distan de los que el pueblo espera, pero la regulación temporal aplicada es un paso, una medida necesaria para contener el alza de los precios en esos mismos surtidos.
Así dijo este miércoles el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la reunión mensual del Grupo de Trabajo para la Prevención y Enfrentamiento a los Delitos e Ilegalidades, en la cual se analizaron temas medulares como las deficiencias en el control administrativo, la batalla contra el desvío de combustibles, el comportamiento del registro delictivo y el trabajo social en las comunidades.
Al hacer referencia a la implementación de la Resolución 225 de 2024, del Ministro de Finanzas y Precios, que establece la regulación temporal de precios minoristas máximos a productos de alto impacto en la población, el jefe de Gobierno llamó la atención sobre las acciones de control para garantizar el cumplimiento de la norma, que entró en vigor el pasado lunes.
“Estamos en un combate desde el Ministerio de Finanzas y Precios, desde las diferentes provincias, y el objetivo de estos días iniciales no es ir a los extremos, sino persuadir; pero ratificamos la voluntad de hacer cumplir lo que se ha establecido”, afirmó.
Otro de los puntos en la agenda del encuentro fue el cumplimiento de las indicaciones, al cierre de mayo, en la prevención y el enfrentamiento al robo de combustibles. Entre las entidades con resultados deficientes, los participantes analizaron el caso de la UEB Ómnibus Urbanos Guantánamo, subordinada a los órganos locales del Poder Popular de ese territorio.
Al respecto, Darío Delgado Cura, jefe del Departamento de Atención a la Prevención y Enfrentamiento al Delito, del Consejo de Ministros, señaló que, desde junio de 2023 no se controlaba el nivel de actividad y el consumo real originado por los medios. Entre agosto de 2023 y enero del presente año, varios vehículos estaban sin tarjeta, sin niveles de actividad, y la entidad no tenía instalado el Sistema de Gestión y Control de Flota (GPS), ni lo explotaba.
En palabras del primer ministro, las acciones jurídico penales y la labor de la policía no sustituyen el control administrativo, y es ahí donde está el principal problema, las causas y condiciones, y aquí se evidencia eso.
Marrero Cruz indicó, además, realizar una actualización del GPS en el país, donde se incluyan las instituciones que lo emplean y el aprovechamiento de esta tecnología para la toma de decisiones en las entidades.
Desde el Palacio de la Revolución y mediante videoconferencia con autoridades de todo el país, el jefe de Gobierno ponderó la labor de los trabajadores sociales en los consejos populares, e insistió en la necesaria integración con los grupos de prevención y atención social en las comunidades.
Sobre este tópico, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, explicó que se encuentran constituidos a nivel de país 1 446 grupos de prevención en la demarcación del consejo popular, y las visitas realizadas permitieron identificar brechas en su funcionamiento.
La identificación y atención oportuna de las familias y las personas con problemáticas sociales, el trabajo diferente con aquellos que no desean incorporarse al empleo o al estudio, estando en condiciones de hacerlo, y las acciones para la legalización de las personas que trabajan de manera informal, son algunas de las áreas con debilidades.
En la jornada también se evaluó el comportamiento de los principales indicadores en la batalla contra el delito, ámbito en el cual trascendió que el registro delictivo se mantiene elevado, aunque con una disminución respecto a abril, lo que evidencia mayor integralidad en las acciones de prevención y enfrentamiento.
(Tomado de Presidencia Cuba)
