Con la firma del Pacto de Mayo, 18 gobernadores (19 si se contempla al de Santa Cruz, Claudio Vidal) se comprometieron frente al presidente Javier Milei a rediscutir la coparticipación federal de impuestos, incluso cuando -en algunos casos- tendría consecuencias negativas para sus provincias. Lo que se viene y la estrategia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
De los diez lineamientos del Acta que se firmó el martes en la madrugada en Tucumán, ocho son de corte económico y con uno de ellos se busca cambiar la Ley 23.548 que se sancionó en 1988 y estableció un "régimen transitorio de distribución en la Nación y las provincias" que aún perdura.
"Tenemos una coparticipación federal de impuestos que pervierte todos los incentivos a progresar. Bajo un supuesto principio solidario le extrae a las provincias que hacen los deberes con cuentas públicas ordenas y economías productivas para subsidiar a quienes viven de lo ajeno", afirmó el presidente Javier Milei durante el Pacto.
Para después, sostener que, se debe encontrar un "camino de acuerdo en esta materia" sin dar definiciones sobre cuál sistema pretende que lo suplante ni cómo se logrará. Definiciones que tampoco tienen en el círculo del flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en donde le tiraron la pelota a las provincias.
El presidente Javier Milei durante la firma del Pacto de Mayo en Tucumán.
Semanas atrás, quien es uno de los voceros en la materia, el diputado y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert dio indicios de a qué modelo podría apuntar el Gobierno para reemplazar el vigente.
Durante su participación en el debate del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, propuso invertir la pirámide de recaudación, que sean en los municipios en donde recaiga la mayor carga impositiva, para luego trasladarlo de "abajo hacia arriba".
"El régimen de coparticipación federal de impuestos es uno de los grandes responsables de que el país sea una gigantesca villa miseria, porque premia a los holgazanes", declaró y puso como ejemplo el caso de La Rioja, en donde "hay más empleados públicos que privados".
Un punto sobre el que hizo foco en su discurso el presidente Milei. Quien luego de afirmar que por cada empleado público nacional existen cuatro a nivel provincial, remarcó que para llegar a que el gasto público sea del 25% del Producto Bruto Interno (PBI) se "requiere que cada nivel de Estado haga su parte".
Así, a diferencia del territorio que gobierna Ricardo Quíntela, en caso de que se cambie la lógica de distribución, la provincia de Buenos Aires sería una de las grandes beneficiadas pese a la negativa de Axel Kicillof de adherir al Pacto.
En el supuesto escenario en que se concrete esta rediscusión, un organismo cuyos miembros no asistieron al Pacto de Mayo -en medio de la nominación Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrarlo-, podría tomar un rol central: la CSJN.
Dado que además de aprobarse en el Congreso, debe tener el visto buen de cada una de las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Trabas que fueron contempladas en el evento del Colegio de Abogados por el diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Luciano Laspina.
"Poner en tensión el principio de unanimidad que plantea la legislación para los cambios, que es un sinsentido porque es un criterio incluso más exigente que para la propia reforma constitucional", argumentó junto con la propuesta de presentar una acción declarativa al órgano que preside Horacio Rosatti.
