El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves sin ningún voto en contra la Ley Orgánica del derecho de defensa, que permitirá que se puedan utilizar en los tribunales, incluido el Supremo y la Audiencia Nacional, «cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas«. Ningún grupo ha rechazado el texto, ya que el PP, Vox y UPN se han abstenido , y el PSOE, Sumar y sus habituales socios parlamentarios lo han apoyado. La ley se remite ahora al Senado para que continúe allí su recorrido parlamentario. En concreto, el Pleno ha debatido el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia que también pretende ampliar las garantías de ciudadanos y abogados ante los tribunales y busca extender las causas de fuerza mayor para pedir la suspensión de procedimientos judiciales. El proyecto de ley, además, extiende el derecho de defensa a los medios alternativos de solución de controversias, como la mediación, el arbitraje y la conciliación; y reconoce el derecho a un lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales. Asimismo, permitirá que los abogados pidan la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento, la hospitalización de cónyuge o fallecimiento de un pariente, entre otros. También podrán solicitar la suspensión por accidente o enfermedad propia que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización. Este proyecto de ley fue aprobado inicialmente en abril de 2023 a propuesta de la anterior ministra de Justicia, Pilar Llop, pero decayó al disolverse las Cortes por el adelanto electoral y fue recuperado por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero de este año. Este jueves, el diputado del PSOE Joaquín Martínez Salmerón ha insistido en que se trata de una «ley pionera en Europa» que «tiene que salir con el máximo de los consensos» porque es una norma «muy demandada por la abogacía». Además, ha subrayado que el texto recoge el derecho de defensa «con un enfoque de género y de discapacidad», define el alcance de la asistencia jurídica gratuita y fija el «compromiso» para una futura regulación de las funciones de los profesionales del oficio«. Sobre los aspectos que no han quedado cubiertos, Martínez Salmerón ha mostrado su compromiso a actualizar los baremos de la abogacía y en trabajar en el resto de mejoras pendientes. Por último, se ha dirigido directamente a los diputados del PP: «Yo sé que ustedes están muy ocupados, pero quería pedirle el apoyo expreso a esta ley». Por Sumar , su portavoz adjunto Enrique Santiago ha saludado una norma que considera «avance» y ha sacado pecho de la propuesta de su grupo parlamentario para hacer «expresa alusión» al «cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los trabajadores». Santiago también ha celebrado que el texto garantice el uso de lenguas cooficiales en los procedimientos judiciales, así como el uso de lenguaje comprensible, y que introduzca el enfoque de género. Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cervera ha destacado las carencias que, a su juicio, recogía el texto inicial por su «falta de ambición». No obstante, ha celebrado que finalmente se incluya el uso de las lenguas cooficiales en todos los órganos de jurisdicción. Al hilo, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha aplaudido este último aspecto, al tiempo que ha afeado a «la bancada de la derecha» que insista en que esta es una medida que «cuesta dinero». Aunque, a su juicio, la ley recoge «avances suficientes», «especialmente en materia lingüística», ha avisado al PSOE de que está pendiente modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial «para que se incluyan las lenguas cooficiales como requisito y no como mérito para el acceso» en Cataluña, Euskadi y Galicia. El diputado Jon Iñarritu -de EH Bildu - también ha calificado el texto de «positivo», pero ha reprochado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que presentara el proyecto de ley «de manera grandilocuente» y que al final desde su grupo y ERC hayan tenido que incluir enmiendas que, a su juicio, «un Gobierno con una mayoría de apoyo plurinacional, tendría que haber hecho 'per se'». Aunque ha celebrado que se amplíe el uso de las lenguas cooficiales en la judicatura, Iñarritu ha asegurado que va a ser «de difícil aplicación». «Les reto a que consulten cuál es el número de magistrados y de fiscales que tienen conocimiento, por ejemplo, del euskera», ha señalado. Mikel Legarda, diputado del PNV, se ha mostrado a favor del texto, pero ha afeado que en la Comisión de Justicia «se dijera por algún grupo parlamentario» que el hecho de que se permita el uso de las lenguas cooficiales en el Supremo y la Audiencia Nacional «constituía un chantaje independentista». «Quizá, si se vieran las cosas de una manera más natural, podría concluirse sin esfuerzo que simplemente es un derecho de los justiciables alineado con el mejor cumplimiento de la Constitución», ha apuntado. La diputada de Podemos Martina Velarde ha coincidido con otros grupos en que a la ley le falta «ambición», pese a contener «avances». «Nuestro voto a esta ley va a ser favorable a la espera también de que se traigan todas esas reformas que se habían anunciado por el Ministerio de Justicia», ha apuntado. Al hilo, el diputado del BNG Néstor Rego ha asegurado su apoyo a una norma que supone «avances sustanciales», aunque ha criticado la redacción inicial al considerar que no aportaba «ninguna solución» a los principales problemas. Así, ha presumido de las enmiendas presentadas para «avanzar en garantizar derechos lingüísticos» de las personas que hablan lengua diferente al español. Por el contrario, la diputada del PP María del Mar González ha utilizado su turno de palabra para afear al Gobierno, entre otras cuestiones, que haya introducido en el texto una «cesión a sus socios, como viene siendo habitual», en referencia al uso de lenguas cooficiales en los órganos judiciales de todo el territorio nacional. Además, ha acusado al Ejecutivo de vetarles. «Señores del Gobierno, nos han vetado enmiendas que recogen legítimas reivindicaciones de la abogacía, como son la actualización anual de los importes del turno de oficio», ha subrayado. Así, ha invitado a los grupos a apoyar sus enmiendas y ha avisado de que, «en cualquier caso, será en el Senado donde se introduzcan las enmiendas necesarias para que salga una mejor ley». Con todo, el PP ha apoyado las enmiendas transaccionales relativas a la mayor accesibilidad de las personas con discapacidad o las relativas a un mayor reconocimiento al servicio prestado en el turno de oficio, o la aprobación de criterios orientativos por parte de los colegios para estimación. Por Vox, el diputado José María Sánchez García ha indicado que el dictamen es «una mera reiteración de particulares ya regulados en leyes vigentes», de una ley que «no sirve para nada» y que, además, añade una «perspectiva de género», algo que considera «una bobada». «¿Qué significa la perspectiva de género en el derecho a la defensa? (...) ¿Las mujeres o los sujetos LGTBI tienen derecho a una defensa mejor de la que podamos tener los varones?», ha preguntado. También ha criticado que se insista en reconocer la comunicación en cualquier lengua cooficial, porque «esto está reconocido en las leyes hace muchos años». Tras escuchar a los grupos parlamentarios, Bolaños ha agradecido «a todas las personas que van a hacer posible que la ley se apruebe».
