La negativa del Gobierno a cumplir con los laudos internacionales ha activado varios embargos en Reino Unido
La justicia belga ha autorizado el embargo de los ingresos que obtiene el Reino de España a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo. Estos pagos, unos 32 millones, transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, pasarán ahora a manos de una de las compañías afectadas por el impago de 26 laudos que condenan a España a indemnizar con 1.560 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables.
La negativa del Gobierno español a cumplir con los laudos dictados por tribunales como el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial, ha llevado a la activación de complejos procedimientos de ejecución que han resultado en embargos de bienes del Estado. España acumula un mayor número de laudos pendientes de pago que Venezuela o Rusia.
En este sentido, los tribunales británicos han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Vicente Cañada Blanch, un colegio próximo al turístico mercadillo de Portobello, cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.
En la decisión que ahora trasciende, la justicia belga responde a una petición presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta
finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos, titular del caso Infrared.
La deuda acumulada por el Reino de España con la empresa denunciante asciende a 32 millones de euros. El laudo original ascendía a 28 millones de euros, pero desde entonces se han acumulado 4 millones de euros adicionales, debido a los intereses de demora. Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso, en concepto de condenas en costas. En total, la factura acumulada por esta disputa rondaría los 41 millones de euros, indican fuentes conocedoras del proceso.
Las 26 empresas de energía renovable afectadas por los impagos han revelado que la suma de la compensación, intereses y costos legales se sitúa actualmente alrededor de los 1.800 millones de euros y su ritmo de incremento ronda los 100.000 euros. Además de los embargos aprobados por los tribunales británicos y belgas, España está lidiando asimismo con la amenaza de la activación de un procedimiento de incumplimiento técnico de deuda (default técnico) que afectaría a cuatro títulos de deuda pública. Dicha controversia ha causado ya un daño de hasta 7.300 millones de euros a la economía española, en términos de mayor riesgo e incertidumbre, y encarecimiento de la financiación.
