La sentencia judicial de 1 de julio de 2024 del Tribunal Supremo ha dado la razón al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto de 17 de mayo de 2022, por el que se regulaba la concesión directa de subvenciones para inclusión social , por importe de 102 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Estas fueron concedidas a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , según recordó en un comunicado el Gobierno autonómico. Las ayudas contempladas en este Real Decreto iban destinadas a a financiar proyectos experimentales presentados por administraciones públicas para avanzar en la inclusión social de personas vulnerables. El recurso interpuesto por la Junta parte de la exclusión del proyecto presentado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Comunidad, que el Supremo considera «únicamente motivada por el carácter directo en la concesión de las ayudas, que no siguió un procedimiento de convocatoria pública». Además, ve «arbitraria» la exclusión tras haber comprobado que dicho proyecto había alcanzado la misma puntuación que el de otras cinco comunidades autónomas que sí fueron beneficiarias, de un total de siete. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señaló que «la sentencia corrobora que Castilla y León resultó perjudicada de forma injustificada». Como las cantidades no se entregaron en su día, la Junta entiende que habrá que cambiar la normativa que regulaba el reparto.
