Toda clase de reacciones ha generado el proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui, el cual busca que las Iglesias cristianas evangélicas puedan suscribir convenios con el Minedu para gestionar o administrar instituciones educativas públicas de educación básica.
Hay que recordar que Jáuregui propuso antes que los padres elijan si sus hijos llevan cursos o contenidos de educación sexual integral (ESI).
Respecto de este proyecto, el exministro de Educación Daniel Alfaro señala que es un discurso netamente legal, “no hay una argumentación técnica del por qué este grupo de Iglesias tienen que gestionar las escuelas”. Agregó que al PL le falta señalar cuál es el propósito, qué propone y qué hay detrás. “Por lo escueto que está este proyecto de ley, se puede inferir que quieren usar las escuelas para promover sus confesiones. Y eso no es lo que busca una escuela pública, sino la pluralidad, la aceptación de la diversidad y las competencias que están en el currículo”.
También dijo que cuando se habla de la gestión privada de escuelas públicas se está asumiendo cierta responsabilidad sin remuneración, como es el caso de Fe y Alegría. “Ellos gestionan escuelas públicas en las cuales el Estado les da los materiales, docentes, recursos, pero el resto lo pone Fe y Alegría (…) eso no veo en el proyecto de ley. Por eso, digo que el propósito es importante. ¿Están en la capacidad de invertir y organizarse para poder asegurar una calidad en la propuesta?”.
En tanto, el exviceministro de Educación José Luis Gargurevich señala que, técnicamente, ningún actor debería ser excluido de participar en el sistema educativo. “No hay sustento legal para evitar que un tipo de organización social o de Iglesia pueda asumir la gestión directa de un servicio público, y por qué otras sí (como la católica)”.
“En la Ley General de Educación se permite que la gestión de las escuelas públicas se pueda hacer directamente por el Estado o a través de un actor privado”, explica.
Sin embargo, apunta que el sistema educativo tiene que buscar preservar las políticas y el enfoque nacional. “No se debe permitir que actores con principios, prejuicios, sesgos, intereses particulares y que no quieran alinearse a la política nacional usen las escuelas para inocular sus miradas y afecten los derechos y aprendizajes que todos los niños y niñas deben recibir”, agrega.
En esa línea, la subdirectora de la organización Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, señala que este proyecto apunta a debilitar profundamente el carácter laico de la educación. “Por mandato constitucional, deberíamos tener un Estado laico y tener políticas y programas y servicios de escuelas laicas y que se garantice la libertad de culto. Además, acceder a una educación integral que permita avanzar con la educación sexual integral basada en conocimiento científico, en el marco de derechos humanos, incluyendo el enfoque de género”.
