La región va a crecer hasta los ocho millones de habitantes en unos años, según las previsiones. Para facilitar y estimular la actividad económica, y permitir el desarrollo que necesita en su territorio, la Consejería de Medio Ambiente va a aprobar una nueva ley que modificará otras 10 y unos 131 artículos. La meta: menos burocracia y trámites más ágiles. Los resultados más inmediatos serán un año menos para tramitar licencias de construcción, o dos menos para desarrollar centros de datos. La norma tiene el pomposo nombre de anteproyecto de ley para un desarrollo equilibrado en la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente, pero su espíritu es el de una 'mini Ley Ómnibus' que unifica criterios y simplificará trámites administrativos, a la vez que reduce cargas burocráticas. Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo , uno de los primeros efectos se dejará sentir en materia urbanística, con modificaciones como la que permitirá solicitar la licencia de construcción desde la reparcelación del terreno, lo que «supondrá un año de adelanto en los trámites». La nueva norma, que Novillo espera que esté aprobada en la Asamblea para finales de este año, también va a adelantarse a la Ley de Suelo, permitiendo a los ayuntamientos contar con un plan territorial que permita a los municipios migrar hacia ese modelo, consiguiendo planes de urbanismo «más ágiles, que no supongan diez años de trámites para cualquier modificación», resaltó. Las medidas en este terreno serán útiles para facilitar desarrollos urbanísticos como Madrid Nuevo Norte. En materia de transición energética y digitalización, habrá facilidades para instalar centros de datos sobre suelos urbanizables no sectorizados –los que no se encuentran delimitados en parcelas, sectores o áreas, por lo que su transformación está contemplada a largo plazo–, lo que hará que se implanten más rápidamente. Además, se van a eliminar los planes especiales de infraestructuras para distribución o transporte de energía, lo que también va a suponer dos años de ahorro en el despliegue de este tipo de actividades. Una tercera medida señala que una declaración responsable será suficiente para hacer instalaciones de energías renovables de autoconsumo o recarga de coches eléctricos. En materia de agricultura y ganadería, la nueva norma va a permitir desarrollar más actividades en suelo rural, por ejemplo invernaderos, y también que se comercialicen los productos agroalimentarios en la propia instalación. La norma reducirá las autorizaciones urbanísticas y modernizará los regadíos, lo que se traducirá «en un ahorro de agua y en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias», afirman en el Gobierno regional. Se podrán desarrollar desde el Gobierno planes de protección del paisaje, y compatibilizar la protección al medio rural con los usos tradicionales, para revitalizar su economía y evitar la despoblación. En la gestión del agua, la nueva Ley regional va a agilizar el procedimiento para aprobar proyectos de obras de infraestructuras hídricas: se quiere garantizar así la continuidad en la prestación de los servicios. Concretamente, va a haber un procedimiento exprés para las obras del Canal de Isabel II, que se declaran además de interés público. Y se elimina el Plan Especial de Infraestructuras para las obras hidráulicas, lo que permitirá agilizar todos los trabajos incluidos en el Plan Sanea, lo que va a afectar a 59 municipios y supondrá invertir 500 millones de euros para mejorar las redes de alcantarillado y las infraestructuras de protección frente a inundaciones. Por último, la norma adaptará a la legislación estatal la ley de Bienestar Animal de la región.
