Una y otra vez, el Poder Ejecutivo y la presidencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han venido encontrando la forma de posponer una respuesta eficaz a las listas de espera. El tema recibió un tratamiento simplista desde la campaña electoral, para hacerlo parecer una cuestión de voluntad, con soluciones casi obvias para una buena gerencia.
“Vamos a transparentar la gestión. Los sistemas de la Caja, el EDUS (Expediente Digital Único en Salud), los vamos a conectar con el Ministerio de Salud y el INS para, entre otras cosas, mejorar la fiscalización”, prometió como candidato el presidente, Rodrigo Chaves. “Vamos a disminuir las listas de espera aún más usando más los hospitales, es decir, creando más turnos, preparando a más especialistas, quitando a los médicos las labores administrativas”, añadió.
Cumplidos los primeros 100 días de la administración, exclamó: “¡Por fin!, ya la Caja tiene una estrategia para reducir las listas de espera a través de la sistematización de las referencias a especialistas, los procedimientos para las cirugías, sanciones por ausentismo y compra de servicios a terceros, entre otras medidas. Anunciaremos esta estrategia en detalle en los próximos días”.
El plan no existía y la administración lo confesó en noviembre, cuando la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, presentó con gran despliegue, en el Estadio Nacional, la “Ruta de la salud. Menos espera. Mejor servicio”. Por fin, ahora sí, parecía haber un plan, pero casi de inmediato hubo razones para dudarlo.
La proclama de la supuesta ruta vino a la zaga de los trascendentales anuncios prometidos por el presidente el 11 de enero del 2023 para el mes siguiente y la inminencia de “buenas noticias” festejada un par de semanas después, con fecha de concreción a finales de febrero o inicios de marzo. En mayo del 2023, las listas de espera fueron declaradas emergencia institucional para facilitar la provisión de recursos a los centros de salud.
En julio, la presidenta ejecutiva admitió la inexistencia del plan cuando pidió al mandatario un nuevo plazo de tres meses para presentarlo. Ni en la campaña ni a los 100 días ni en el momento de los supuestamente trascendentales anuncios de inicios del 2023, ni el día de la petición de la prórroga había un plan con posibilidades de éxito.
La “Ruta de la salud. Menos espera. Mejor servicio” se constituyó en el último cartucho quemado en defensa de la credibilidad menguada por el incesante crecimiento de las listas y la ausencia del menor progreso. A siete meses de la jornada en el estadio, el fracaso de la iniciativa es evidente.
Lo aceptó, frustrada, la presidenta ejecutiva cuando el 13 de junio, en una sesión de la Junta Directiva, protestó por la falta de avances mientras “la gente se está muriendo”. “No tenemos capacidad, o si la tenemos, lo hacemos mal”, afirmó al constatar el retraso del modelo de pago por resultados.
Pero las confesiones de la funcionaria son menos elocuentes que el abandono de elementos esenciales del plan anunciado en noviembre. Esquivel prometió una inversión de ¢200.000 millones, pero, cuatro meses más tarde, la Auditoría Interna evidenció la desorientación sobre el gasto de los recursos cuando dio un mes a la Administración para informar del destino planeado.
El dinero, respondió la Directiva, se invertiría en becas para médicos generales y nuevos especialistas, pero sabemos hoy que nunca fue utilizado con esos fines, y terminó entre los fondos del nuevo hospital Tony Facio, en Limón. Ni un cinco se destinó, tampoco, a financiar el copago, tercerizar servicios o traer médicos del extranjero, como se dijo en noviembre. Todas esas iniciativas están estancadas, no solo por falta de financiamiento, sino también por falta de fundamento técnico y jurídico.
Mientras tanto, la espera por estudios diagnósticos, incluidos radiografías, tacs o ultrasonidos, pasó de 622.018 en agosto del 2023 a 737.607 al finalizar mayo de este año. Las citas pendientes con médicos especialistas en consulta externa aumentaron de 285.457 en agosto del 2023 a 313.674 a finales de mayo, con un tiempo de espera promedio de 424 días.
Ya no hay espacio para otro magno evento, una renovación de las promesas o la última fijación de metas irrealizables. No obstante, la crisis de la seguridad social no admite la inacción. El gobierno no tiene la solución. Quizás debió comenzar por las propuestas de la comisión de notables, establecida hace más de una década. Sus planteamientos nunca fueron adoptados y muchos pudieron librarnos de la situación actual. Cuando menos, la administración debió abstenerse, con fines políticos, de hacer creer que el problema podía resolverse en un santiamén.
