“Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”. La frase la pronunció el entonces titular de Hacienda, Cristobal Montoro, en el 2018. El ministro recordó que la interventora de la Generalitat estaba obligada a entregar semanalmente los informes de gastos de la Administración catalana y que no se había detectado ningún desvío de fondos.
La sentencia del procés condenó a los acusados por malversación pero no fijó cuál había sido la cifra de dinero público desfalcado ni hizo referencia a un supuesto perjuicio a las finanzas de la Unión Europea.
Para los magistrados del TSJC, la malversación entra dentro de los delitos amnistiables por la ley aprobada por el Congreso. Para los jueces Pablo Llarena y Manuel Marchena es todo lo contrario: el asidero para no conceder el olvido judicial a los impulsores del procés que ostentaban cargos públicos y que juzgó el Tribunal Supremo. Su argumento es simple aunque cuestionable: los fondos públicos no acabaron directamente en las cuentas bancarias de los impulsores del 1-O pero sí evitaron que tuvieran que pagar el referéndum de su bolsillo.
El magistrado Llarena ya había expresado en público su rechazo a la amnistía incluso antes de que estuviese aprobada. “Una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley”, argumentó en un discurso pronunciado en el Colegio de Procuradores de Madrid en el mes de noviembre.
Marchena, más prudente en público, se ha pronunciado a través del auto de la Sala de lo Penal en la que se rechazó aplicar la amnistía. “El legislador ha estimado necesario abrir un paréntesis a cien años de jurisprudencia y hacerlo para unos hechos y unos protagonistas muy concretos. Un paréntesis que volverá a cerrarse para todos los demás ciudadanos”, se afirma en la resolución de 61 páginas hecha pública la semana pasada.
Que Llarena no lo pondría fácil era más que previsible. Marchena no había dado pistas pero en el auto queda claro que ha decidido reinterpretar su propia sentencia puesto que como recuerda Ana Ferrer, una de las magistradas que firmó el fallo que condenó a los líderes del procés por sedición, malversación y desobediencia, ni en esa sentencia ni en otras resoluciones del caso se hizo alusión a “ningún posible beneficio personal de carácter patrimonial”. Esa nueva conjetura la califica en su voto particular de “deducción artificiosa”.
Descabalgado el juez García-Castellón por un error propio en la instrucción del caso Tsunami, que ha quedado en nada, y no porque no fuese terrorismo (que no lo era), seguía cabalgando el juez Aguirre y su famosa ‘trama rusa’, más famosa que trama. Ahora el magistrado barcelonés ha acelerado, algo nada habitual en sus interminables instrucciones, para remitir al Supremo la exposición razonada en la que reclama la imputación de Puigdemont.
Según Aguirre, la supuesta injerencia rusa provocó una “una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial”, que es precisamente la exclusión que marca la ley de amnistía para el delito de traición. Ahora será también Marchena quien deberá decidir si da por buena la existencia de la trama rusa o coincide con la Audiencia de Barcelona que ya avisó a Aguirre que no había caso por más que insistiese.
Puigdemont, un trofeo mayor para Llarena y Marchena, sigue prometiendo que esta vez sí regresará a Catalunya aunque se arriesgue a ser detenido. Si cumple su palabra sería para asistir al debate de investidura, si es que lo acaba habiendo. La cosa no ha cambiado y solo Salvador Illa tiene opciones de ser investido. La dirección de ERC está por la labor aunque para ello deberá convencer también a sus bases.
Tanto socialistas como republicanos aseguran que las conversaciones van bien y a buen ritmo pero aún no hay nada cerrado. ERC respira aliviado por el regreso de Marta Rovira pero la guerra interna está siendo peor de la que incluso ellos auguraban. El partido quiere reforzarse desde la oposición y le conviene debilitar tanto como pueda a Puigdemont (aseguró que si no conseguía ser president no se quedaría en el Parlament). Para los republicanos una cosa es coordinarse con Junts para plantar cara a los jueces y otra es dejarse arrastrar por los intereses electorales de Puigdemont.
Marchena y Llarena parecen dispuestos a seguir engrandeciendo la figura del líder de Junts en un momento en que sus expectativas son más que limitadas, como se constató en las últimas elecciones catalanas. Engrandecer a Puigdemont y a la vez complicar la vida un poco más a Pedro Sánchez.
