La decisión del Ministerio de Economía y Finanzas no permitirá el pago de una bonificación ni el plan de alimentación. Dicho bono fue un pedido del Poder Judicial.
El Poder Judicial manifestó su descontento luego de recibir una negativa por parte de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo cual afectará directamente a los trabajadores del régimen CAS con sueldos menores a S/1.950.
Según el Oficio N.° 515-2024-EF/50.06 del 8 de julio de 2024, el ministerio presidido por José Arista rechazó la solicitud para realizar ajustes presupuestarios que permitirían cumplir con compromisos laborales previamente adquiridos. Esto no permitiría que se le otorgue un bono a los trabajadores con salarios menores a S/1.950.
“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha expresado su negativa al pedido del Poder Judicial para efectuar las modificaciones presupuestarias que le permitan atender los compromisos asumidos con los trabajadores de este poder del Estado”, se lee en el comunicado del PJ.
La decisión del MEF implica que no se podrá realizar el pago de una bonificación ni implementar un plan de alimentación, tal como fue propuesto en la negociación colectiva del año 2023 por el presidente del sistema de justicia. Esto, a pesar de no requerir un aumento presupuestario adicional, ya que los recursos estaban previstos en el fondo asignado.
El Poder Judicial buscaba que el MEF autorizara la implementación del artículo 17 del Decreto de Urgencia N.° 006-2024.
El régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) en Perú es un sistema específico utilizado por las entidades públicas para la incorporación de personal. Fue instaurado con el objetivo de regular la contratación de trabajadores en el sector público de una manera más flexible y eficiente en comparación con los contratos laborales tradicionales.
Una de las principales características del régimen CAS es su flexibilidad contractual. Este sistema permite a las instituciones públicas contratar personal de forma más adaptable y ágil, lo que facilita la incorporación de trabajadores para atender necesidades específicas y temporales. Además, los contratos bajo este régimen suelen ser de corta duración y son generalmente renovables, permitiendo así a las entidades ajustar su fuerza laboral de acuerdo con sus requerimientos operativos.
Aunque los empleados contratados bajo el régimen CAS no gozan de todos los derechos y beneficios de los trabajadores permanentes del sector público, sí cuentan con ciertos beneficios importantes. Estos incluyen seguro de salud, vacaciones remuneradas y gratificaciones, entre otros. Sin embargo, a diferencia de los empleados permanentes, los trabajadores CAS no tienen derecho a la estabilidad laboral, lo que significa que sus contratos pueden no ser renovados al término de su vigencia sin necesidad de justificación adicional.
Una ventaja significativa del régimen CAS es la posibilidad de contratación directa. Las entidades públicas pueden contratar a los trabajadores sin necesidad de realizar concursos públicos, aunque en la práctica se busca respetar principios de transparencia y meritocracia. Este aspecto contribuye a la eficiencia en la gestión pública, permitiendo la contratación de personal calificado para proyectos específicos o situaciones temporales de manera rápida y eficiente.
