El Gobierno llevará al Congreso de los Diputados la reforma de la ley de extranjería para que el reparto de los menores no acompañados deje de ser voluntad de cada comunidad autónoma para convertirse en obligación. Pero no lo hará como Decreto Ley, Moncloa admite que la urgencia está más que justificada por la situación migratoria en Canarias, pero les obligaría a conseguir una mayoría absoluta para convalidarlo. Lo harán vía ley orgánica y se centrarán en tener más síes que noes.
La estrategia del Gobierno es no presentar la norma por vía de urgencia. Los decretos leyes deben ser aprobados por una mayoría absoluta —176 diputados— en el Congreso. El Ejecutivo descarta por completo aunar un apoyo semejante y calcula que solo sacará la medida si consigue una mayoría simple.
Para alcanzarla, bastaría con el apoyo de los principales socios —ERC, Bildu, PNV…— y la abstención del PP. Los populares aún no han decidido qué harían en una hipotética votación, pero en el Ejecutivo saben que la abstención es un punto intermedio interesante para Génova porque votar “no” les situaría junto a Vox y apoyar la reforma, junto al Gobierno.
Presentar la medida como una ley orgánica sortea la obligación de los 176 síes, y abre la vía a un acuerdo más accesible. En Moncloa se muestran conscientes de que será muy complicado alcanzarlo y asumen que hay variedad de opiniones dentro del PP. Algunos territorios son más reacios que otros cuya situación es más complicada. La propia delegación de los populares en Canarias se pronuncia más a favor del acuerdo que Génova, que de momento solo acepta redistribuir 400 migrantes menores no tutelados.
La modificación de la ley de extranjería, acordada entre el Ejecutivo central y el canario, cogobernado por el Partido Popular, llegará al Congreso sí o sí. Moncloa ha temido presentar cualquier iniciativa en estos meses por el alto riesgo de perderla en mitad de un carrusel electoral que hacía casi imposible cualquier negociación con los socios de Gobierno —primero Galicia, después País Vasco, el anticipo de los comicios catalanes y las elecciones europeas—. Pero El Ejecutivo ha decidido dar un paso adelante y presentar en el Congreso la reforma tenga o no los apoyos suficientes para aprobarla.
En el Gobierno consideran que es peor no hacer nada ante una situación tan tensa que perder una votación en el Congreso. La materia migratoria es competencia principal del Estado y se trata de una cuestión mollar que afecta a todas las autonomías. Quedarse de brazos cruzados no es una opción y el coste de no hacer nada puede ser mayor que el de obtener una derrota parlamentaria. Además, es un tema capital en la lucha contra Vox: que ha hecho del probable migratorio su principal punta de lanza y Moncloa no quiere regalarles el protagonismo.
El riesgo de llevar una iniciativa sin consenso al Congreso no es descabellada para Moncloa, en este caso. La inmigración sitúa al PP en una encrucijada entre posicionarse del lado de Vox —lo que permitiría al Gobierno denunciar su semejanza en una cuestión de Estado— y tumbar la reforma del Ejecutivo, o apoyar la modificación y dar una victoria parlamentaria a Moncloa. Un balón de oxígeno después del acuerdo para la reforma del Consejo General del Poder judicial anunciada por los dos principales partidos el pasado 25 de junio.
El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, se inclina más por aceptar el reparto y ya ha deslizado este miércoles que las autonomías del PP no se opondrán al mismo en la Conferencia Sectorial que ha tratado el tema para acordar un pacto entre los territorios.
Otra cuestión distinta es qué hará el grupo parlamentario popular sobre la reforma de la ley de extranjería que elimina competencias a las regiones y establece una serie de criterios que hacen obligatoria la acogida de los menores inmigrantes más vulnerables.
