La fiscal Geovana Mori Gómez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial dictar 36 meses de prisión preventiva contra el ex superintendente en el Perú de la constructora brasileña Odebrecht, Jorge Barata, luego de disponer su inclusión en la investigación preparatoria del caso denominado Gasoducto Sur Peruano, cuyo plazo vence en septiembre próximo.
Frente a ello, su abogado César Nakazaki confirmó que se presentó formalmente un recurso de apelación ante la Quinta Sala de Apelaciones Nacional, con el objetivo de que el empresario brasileño mantenga los beneficios de colaborador eficaz, los cuales fueron revocados el pasado 3 de julio.
La defensa legal de Jorge Barata insiste en que, en su condición de colaborador eficaz, siempre mostró disposición para declarar en el caso de Ollanta Humala. Aunque la Fiscalía de la Nación indica que, en cinco oportunidades, fue llamado a declarar en el marco de este proceso. Finalmente, optó por no rendir su testimonio.
Uno de los argumentos expuestos por la Fiscalía es que el pedido satisface el criterio de proporcionalidad, ya que la medida de coerción personal de prisión preventiva contra Jorge Barata "permite satisfacer de modo óptimo los fines de la investigación y del proceso penal, dentro de la lucha contra la corrupción", esto sumado a que se trata de una investigación que concita el interés colectivo sobre irregularidades en obras públicas.
Otro punto a considerar es que, al dictarse una medida menos restrictiva de la libertad tras la revocación de su proceso de colaboración eficaz, podría aumentar el riesgo de fuga y obstrucción de la justicia.
"Esta medida de coerción personal requerida para el investigado es la adecuada para garantizar la averiguación de la verdad y asegurar la eficacia del proceso penal en sí, siendo ello un fin legítimo con amparo constitucional", indicó.
En tanto, los 36 meses solicitados, siendo el plazo más alto contemplado por ley, se justifica "considerando que la investigación que se sigue es de tipo compleja, en la cual se investigan obras de gran envergadura, así como modalidades particulares de participación de la inversión privada".
El Ministerio Público le recuerda al Poder Judicial que las medidas coercitivas personales, como la solicitada, tienen por finalidad asegurar la celebración del juicio oral y ejecutar la eventual sentencia condenatoria que en su día se pronuncie: “Se justifica un plazo que involucre a la etapa de investigación preparatoria, la cual tiene un plazo de 36 meses por estar adecuado a los plazos del crimen organizado”.
Al considerar que el ex superintendente en el Perú de Odebrecht vive en Brasil desde mediados del 2016, de dictarse una medida de prisión preventiva, tendría que solicitarse su extradición a Brasil, proceso que podría tardar.
