El Gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que desembolsar 2 billones 195 mil millones de pesos en el próximo sexenio si continúa con sus planes de dar apoyos financieros a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
De acuerdo con el grupo, esa cantidad equivale aproximadamente a 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México. El cálculo incluye los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales y el gasto para mejorar la Red Nacional de Transmisión y Distribución de electricidad.
Precisó que el monto total de los apoyos a Pemex y la CFE se desglosa así:
En el documento Política Energética. Retos fiscales 2024-2030, el CIEP advierte que debido a que se estima una reducción del gasto público de 3 por ciento del PIB en el presupuesto de 2025 (para disminuir el déficit fiscal), las acciones propuestas para la próxima política energética requerirán mayores recursos públicos, lo que implicaría reducir el gasto social.
“Es importante recordar que el Gobierno actual ha priorizado el gasto en el sector energético, lo que ha frenado el avance hacia una transición energética”, destacó.
“En 2021, 27.4 por ciento de la electricidad total se generaba a partir de fuentes limpias, cifra que disminuye a 21.9 por ciento en 2023, lo que hace más difícil que el país alcance el compromiso de 35 por ciento que tiene previsto este año”, añadió.
“La actual política energética ha implicado un costo de oportunidad para las finanzas públicas. Seguir priorizando el gasto en el sector a costa del gasto social en salud y educación por mencionar algunos, pone en riesgo el desarrollo económico y social de generaciones futuras”, recalcó el CIEP.
Recordó que la política energética de la actual administración de López Obrador ha generado costos fiscales estimados en 1.8 billones de pesos, por la reducción del DUC y por las aportaciones patrimoniales a Pemex.
“Se prevé que el gobierno entrante continué la política energética mantenida hasta ahora, lo que implica costos de oportunidad para las finanzas públicas, desplazando el gasto social”, reiteró.