La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) consideró que el grado de irregularidad financiera 1 asignado al Banco Popular (BP), por debilidades en el gobierno corporativo, corresponden a “situaciones leves” que puedan ser superadas con la adopción de medidas correctivas de corto plazo.
“Se le requirió (al Banco) un plan de acción que fue presentado por la entidad dentro del plazo establecido, a cuyo avance se le da seguimiento periódico como parte de las labores de monitoreo y análisis que ejecuta esta Superintendencia”, se detalló en un comunicado de prensa este miércoles.
La Sugef confirmó que en el informe SGF-1981-2024, enviado el 26 de junio, a Lenín Hernández, presidente de la Asamblea de Trabajadores del BP, se incluyó la calificación otorgada a la entidad pública después de aplicarle el estudio de supervisión basado en riesgos.
El resultado de dicha evaluación fue notificada a la institución financiera el pasado 15 de enero en el documento SGF-0072-2024.
La decisión de otorgar el grado de irregularidad 1 se basó principalmente en las debilidades detectadas en la calidad del gobierno corporativo como los constantes cambios de directivos, en 15 meses la Junta tuvo tres presidentes y porque el Gobierno mantiene el nombramiento pro tempore de sus cuatro miembros de manera indefinida.
También se identificó vulnerabilidad en el ambiente de cumplimiento legal y regulatorio porque la entidad “no cumple de manera significativa con la reglamentación de gobierno corporativo y se aleja de las mejores prácticas. Las debilidades señaladas deben ser atendidas de inmediato”, argumentó la Superintendencia en el oficio de junio anterior.
21 directivos en 4 subsidiarias del Banco Popular incumplen requisitos para el cargo
La Sugef ha emitido, durante el último año, varias advertencias sobre las debilidades a nivel de la elección de miembros de la Junta Directiva del Banco Popular y sus subsidiarias tanto al Poder Ejecutivo como a la institución bancaria.
Por ejemplo, en una fiscalización de la Sugef reveló que un total de 21 de los 30 miembros de las juntas directivas de las subsidiarias del Banco Popular incumplen los criterios individuales de idoneidad establecidos para ocupar sus puestos.
También cuestionó al Gobierno Central por el riesgo de postergar el nombramiento de los representantes de la Asamblea de Trabajadores en la Directiva del BP. Al final, el Ejecutivo rechazó a las personas propuestas y eligió directamente a los directivos.
