El fiscal del equipo especial Lava Jato asegura que Giulliana Loza habría amenazado e intimado para que falsos aportantes presten falsos testimonios.
El fiscal José Domingo Pérez, representante del Ministerio Público en el juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, solicitó a los tres jueces del Poder Judicial una pena de 6 años, 6 meses y 272 días contra Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, por el delito de obstrucción a la justicia.
Durante el juicio del 10 de julio pasado, el fiscal, quien también mencionó a otros investigados por el mismo delito, solicitó que a Giulliana Loza se le imponga dicha sanción por haber amedrentado a supuestos aportantes de las campañas de Fuerza Popular de 2011 y 2016 para que proporcionen testimonios falsos en las investigaciones que se le seguían por lavado de activos.
"En el caso de la abogada Giulliana Loza Aracely, a ella se le atribuye el delito de obstrucción a la justicia bajo el título de coautoría ejecutiva por haber ejecutado la intimidación y la amenaza para que los falsos aportantes presten falsos testimonios en las investigaciones de lavado de activos… la pena es de 6 años, 6 meses y 272 días de multa, con la inhabilitación de 6 años y 6 meses", dijo en la audiencia virtual.
Luego de escuchar los alegatos de José Domingo Pérez y de la Procuraduría General del Estado, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional decidió suspender la audiencia por el caso Cócteles; este será reanudado el próximo lunes 15 de julio.
Durante este juicio contra Keiko Fujimori se escucharon las solicitudes de ambas instituciones del Estado, desde penas privativas de la libertad hasta pagos millonarios de reparación civil.
Rafael Vela y José Domingo Pérez, miembros del Equipo Especial Lava Jato, podrían ser sancionados debido a una queja presentada por Luis Sardón, exintegrante del Tribunal Constitucional. La queja se originó por declaraciones que ambos fiscales realizaron sobre el caso Cócteles, el cual involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a parte de la cúpula de dicho partido político.
La resolución en el punto 5.1 indica: "Declarar improcedentes los medios probatorios ofrecidos por el abogado José Domingo Pérez Gómez en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y por el abogado Rafael Ernesto Vela Barba, en su actuación como fiscal superior coordinador del Equipo Especial en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio".
Según la información obtenida por La República, la queja presentada por Luis Sardón ya había prescrito; sin embargo, el caso fue reactivado por la autoridad de control del Ministerio Público, coincidiendo con el inicio del juicio contra Keiko Fujimori.
El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, criticó severamente la reactivación del proceso disciplinario en su contra y en contra de Rafael Vela, señalando que dicho proceso ya había prescrito. La reactivación se debe a las declaraciones que dieron a la prensa tras la excarcelación de Keiko Fujimori en 2019.
"No quieren que llevemos el proceso contra Keiko Fujimori. Nos ha sorprendido la reactivación de estos procesos disciplinarios que fueron instados por José Luis Sardón y que hemos tratado de defendernos, pero se nos ha rechazado nuestra defensa", declaró Pérez a los medios.
