Junta Nacional de Justicia pidió un plazo mientras el TC requiere una opinión técnica consultiva a la Comisión de Venecia.
El Tribunal Constitucional rechazó el pedido —presentado por seis integrantes de la Junta Nacional de Justicia— para reprogramar la audiencia fijada para el miércoles 10 de julio, donde se tiene programado ver la demanda competencial presentada por el Congreso de la República. El objetivo es que este órgano establezca las competencias únicas y excluyentes que corresponden al Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú, frente a pronunciamientos del Poder Judicial que interfieran con decisiones del Parlamento.
Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional, infirmó —luego de unos minutos de deliberación con los demás magistrados— que el “Pleno ha resuelto la improcedencia del pedido” interpuestos por los consejeros de la JNJ. Indicó que “oportunamente se darán las razones” a conocer y que la audiencia programada para este miércoles 10 debía continuar.
De fondo, la JNJ solicitaba que el TC requiera una opinión técnica consultiva a la Comisión de Venecia. En tanto, por lo que exigían que “se disponga el aplazamiento de la vista de la causa prevista para el próximo 10 de julio”.
En relación con la respuesta de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos, quienes recurrieron al Poder Judicial con el fin de ser reincorporados en sus puestos, tras la decisión del Pleno —siguiendo la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales— de inhabilitarlos por 10 años para desempeñar cargos públicos y de separarlos de la JNJ.
En abril pasado, el Pleno aprobó —con 82 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones— autorizar al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el TC.
Con este recurso se pide que el Tribunal Constitucional determine si las decisiones del Congreso pueden ser limitadas o restringidas por el Poder Judicial, a través de la emisión de resoluciones judiciales que interrumpan acuerdos o resoluciones aprobadas por el Parlamento.
Ello en referencia a la respuesta de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Alejandro Vásquez Ríos, quienes acudieron al Poder Judicial para ser restituidos en sus cargos, luego de que el Pleno —por recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales— resolviera inhabilitarlos por 10 años para el ejercicio de la función pública y que tuvieran que alejarse de la JNJ.
Finalmente, en julio del 2024, se conoció que el Poder Judicial declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, ordenando su restitución en sus respectivos cargos después de haber sido sancionados por el Congreso.
Con ello, el Poder Judicial dispuso la nulidad de la denuncia constitucional N° 373-2023, realizado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y aprobada por la Comisión Permanente.
Por su parte, el Parlamento informó que apelará la decisión del Poder Judicial. Alejandro Soto, titular de la Mesa Directiva de la representación nacional, informó en RPP que los integrantes del actual Congreso están de acuerdo en interponer un recurso de apelación para que Tello de Ñecco y Vásquez Ríos no retomen sus funciones en la JNJ. Este se realizaría ante la Corte Suprema.
