El régimen de excepción que implementó Nayib Bukele hace dos años y tres meses en El Salvador para luchar contra las pandillas también es utilizado para silenciar voces opositoras. Esto lo concluye el sexto informe que desarrolló Cristosal, una organización no gubernamental que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en este país centroamericano.
Esta institución sin fines de lucro, presentó este miércoles el sexto informe desde que entró en vigencia la política de seguridad del gobierno de Bukele en contra de las maras. Entre sus conclusiones resalta “una narrativa de odio, hostigamiento y estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos y de las voces críticas”.
David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, conversó con La Nación sobre los hallazgos de la última investigación que se llevó a cabo el pasado mes de abril. Y ante la consulta sobre si esta política del mandatario, que fue reelecto de manera inconstitucional este año, es utilizada para amedrentar a voces opositoras, respondió de manera directa.
“Sí, definitivamente hay un alto riesgo de criminalización para cualquier persona que tenga una postura crítica o disidente. Hemos identificado casos en las zonas rurales del país donde, utilizando el régimen de excepción, se detuvieron a personas con liderazgo comunitario, entre ellas defensoras de derechos humanos, defensoras del medio ambiente e incluso comunicadores comunitarios. También a sindicalistas de entidades públicas y en gobiernos municipales”, explicó Morales.
Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, también señala que policías y militares son detenidos cuando se acercan a preguntar sobre el estado de un familiar que está en prisión.
“En El Salvador están deteniendo personas a las afueras de los centros penales cuando salen de cumplir su pena. Les dicen que vuelven a prisión porque es parte de una pandilla. Esto es escandaloso”
Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal
Esta entrega de Cristosal agrupa estudios realizados durante los dos años que tiene la política de Bukele sobre las pandillas. Según el medio digital El Faro, esta medida nació luego de que “quebrara” el pacto que existió entre estos grupos criminales y el actual mandatario cuando fue candidato presidencial.
Esa ruptura provocó 62 homicidios el sábado 27 de marzo del 2022, el día más mortífero en El Salvador desde que Bukele llegó al poder en el 2019. El mandatario respondió con un régimen de excepción que inicialmente era por 30 días y ya suma dos años y tres meses.
Según cifras del propio gobierno salvadoreño, 80 mil personas fueron detenidas bajo esta medida. De ellas, 7 mil presos debieron ser liberados porque se determinó que no cometieron delito alguno.
CIDH solicita al Estado salvadoreño información sobre colombianos detenidos en régimen de excepción
La reciente entrega de Cristosal indica que 261 personas murieron bajo custodia del Estado en las prisiones.
“Nuestra investigación determinó que de las 261 personas que han muerto en las cárceles de El Salvador, luego de ser detenidas bajo este régimen, el 5% fue producto de una muerte violenta, un 34% fueron por sospechas de ser víctimas de criminalidad en prisión y un 33% por razones patológicas producto del mala atención médica a lo interno de la prisión para quienes padecen de enfermedades crónicas. En un 28% de las muertes no encontramos una razón certera”, detalló Morales.
Cristosal vuelve a subrayar que la medida de Nayib Bukele sigue sin respetar los derechos humanos.
“El Estado no respeta el debido proceso. Y el silencio no es opción”, dijo el director de Cristosal, Noah Bullock.
