El Gobierno designó la semana pasada a Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Entre sus atribuciones, establecidas en el DNU de modificación del Gabinete, se les encomienda evaluar los cargos y designaciones dentro del sector público e incluso llegar a revisar "convenios sectoriales". Esa facultad disparó la alarma entre los gremios.
¿Qué convenios particulares podrían verse afectados? ¿Y qué pasara con los concursos que están abiertos para el pase de trabajadores a planta permanente y que no culminaron el proceso? En su tercera vuelta como ministro de un gobierno nacional, el decreto que arroga facultades a Sturzenegger anticipa que buscará implementar "políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional".
En paralelo, el gobierno nacional presentó la semana pasada el Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025. Allí, un apartado indica que un objetivo del próximo año será evaluar los cargos de los que se encuentran en la órbita del Convenio de Trabajo General para "revisión de convenios sectoriales".
Luego de esa evaluación van a "aplicar el resultado de la misma de los conceptos de pago incluidos en los Regímenes Remunerativos de los Convenios Colectivos de Trabajo Sectoriales, dirigido a facilitar el análisis".
Entre los 27 objetivos listados en la designación del nuevo ministro del gobierno libertario, los claves para esta tarea son el 7 y el 15. El flamante ministro buscará, según el objetivo siete, participar en la "revisión de esquemas tributarios, excepciones impositivas y régimen especiales que generan privilegios o distorsionan el funcionamiento de la economía".
Así también, Sturzenegger buscará promover en conjunto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, diversos "procesos de reforma y modernización que sean transversales al Sector Público Nacional".
"En coordinación con los sectores públicos provinciales y locales, destinados a impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, desregulación, simplificación y desburocratización, fomentando el uso de herramientas tecnológicas", subrayan.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que el plan de Sturzenegger es "ir contra la estabilidad del empleo público" al buscar someter a un examen a los trabajadores del Estado. "Se están haciendo los concursos (para pasar a planta en el Estado), pero vienen con un atraso formidable", explicó el secretario de Convenios Colectivos del gremio Flavio Vergara en diálogo con El Cronista.
Sturzenegger propuso como uno de los puntos novedosos de su plan que los trabajadores públicos deberían aprobar un examen antes de entrar a la plantilla nacional. Desde ATE aseguraron que eso ya era un requerimiento necesario para formar parte del Estado y descartaron la medida como algo moderno.
Vergara explicó que los pases a planta actualmente se dan por la apertura de concursos dentro del Estado al cual el trabajador aplica y tiene que pasar una evaluación técnica, una psicológica y una revisión de antecedentes. "Recién ahí te pasan a planta", aseguró.
"Está todo frenado por el Gobierno", indicó. Según Vergara, la gestión de Alberto Fernández habilitó la posibilidad de que los trabajadores con educación terciara con más de 10 años de contrato en su función pudieran dar este examen para regularizar su situación. Asimismo, aquellos que tenían educación universitaria tenían que haber estado como mínimo 5 años en su puesto para acceder a esta posibilidad.
Vergara afirmó que los procesos están "impugnados" y se dejaron en "stand by" porque los directivos públicos no tienen orden de darle viabilidad al proceso. "Por ejemplo: hay 2 mil vacantes de profesionales de salud que iniciaron proceso de concurso y quedaron congelados", sostuvo el sindicalista.
Paralelamente, ya hay dentro del Estado mucho ruido sobre la posibilidad de que el gobierno nacional intente cambiar legislaciones laborales de oficinas gubernamentales que cuentan con otro tipo de convenios colectivos especiales. Según ATE, este tipo de Convenios tienen mayor cantidad de personal en planta permanente y tienen beneficios que no son igual al personal de los ministerios.
Algunos de estos lugares dónde se dan un tipo distinto de Convenio Colectivo en el Estado son: AFIP, Aduana, ANSES, PAMI, RTA, Fabricaciones Militares (FM), entre otros. Son organismos descentralizados de la administración nacional donde se evidencian, en muchos casos, distintas condiciones de trabajo y salarios más altos.
Mientras que un empleado público de la administración general puede empezar con un sueldo base de 400 a 500 mil pesos, un empleado de AFIP está muy por arriba del millón de pesos. En este sentido, corren versiones de la posibilidad que Sturzenegger avance contra el fondo de empelados en la AFIP. Este fondo otorga un plus salarial a los empleados de la AFIP y funciona desde 1997.
Además, se espera que busque eliminar el beneficio que tienen los trabajadores que al momento de jubilarse cobran 20 sueldos de más.
Otro conflicto en puertas es la posibilidad de trasladar la Aduana a la órbita del Ministerio de Seguridad, hoy dependen de AFIP y se ven beneficiados por el convenio que estos tienen.
Paralelamente, desde empresas del Estado que eran Sociedades Estatales y hoy gracias al DNU 70/2023 son Sociedades Anónimas advierten que intentarán modificar los convenios colectivos que las protegen.
Trabajadores de Fabricaciones Militares (FM) informaron que al final del gobierno de Alberto Fernández consiguieron el convenio colectivo de trabajo particular del área, y lograron de esta manera sacar los trabajadores que contaban con un artículo 9 o contrato de esa condición precaria.
"El claro objetivo es volverlo una sociedad anónima e intentar cambiar el convenio colectivo para poder meter al privado y la CGT con tal de entrar firma cualquier cosa", expresó el jefe de la Comisión Interna de ATE en el sector Fernando Peirano en diálogo con El Cronista.
Por otra parte, en la TV Pública corren rumores gremiales de que el interventor de Radio y Televisión Argentina (RTA) Eduardo González buscará reemplazar la jornada de 8 horas de lunes a viernes por lunes a sábados con el mismo horario y sueldo. No es el único conflicto dentro de la TV Pública: desde la dirección del medio buscan que los trabajadores realicen más tareas que las que corresponden dentro del convenio actual.
Algunos rumores internos aseguraron que la intervención de la empresa buscará consolidar estos cambios en la Secretaría de Trabajo.
