La caja fuerte de Jaime Yoshiyama no estaba en la historia de este caso hasta las declaraciones de Abanto. A partir de ellas, aparece en la escena como un nuevo factor central.
No todas las noticias han sido malas para la Fiscalía en el llamado caso Cócteles. El fiscal José Domingo Pérez ha perdido la declaración de Jorge Barata, un recurso escénico por el que había apostado. Pero ha ganado dos revelaciones hechas hace solo una semana por Humberto Abanto, el abogado de Jaime Yoshiyama.
En una entrevista publicada por Epicentro, Abanto aparece aceptando que el entorno de la señora Fujimori montó una maquinaria para ocultar las identidades de los verdaderos aportantes de las campañas del 11 y del 16. Abanto cree que haber montado esta maquinaria solo fue parte de una infracción electoral y no de una historia criminal. Pero esa es otra discusión. El asunto aquí es otro: salvo que algún sector de la defensa decida contradecirle a última hora, las declaraciones de Abanto eliminan la necesidad de probar la existencia de esa maquinaria. La defensa la ha admitido. Este hecho ha dejado de estar en controversia y por ende se vuelve innecesario mantener en el juicio una buena parte de los testimonios y documentos que la Fiscalía puso a debate originalmente.
Solo con esto ha aparecido la razón que justifica redimensionar este juicio, originalmente montado para durar no menos de 6 años.
En la entrevista de Epicentro, Humberto Abanto dijo más cosas. La más importante: dijo que su propio cliente, Jaime Yoshiyama, tenía una caja fuerte en la que almacenaba todo el dinero que recogía el entorno de Keiko Fujimori antes de decidir cómo sería usado.
La caja fuerte de Jaime Yoshiyama no estaba en la historia de este caso hasta las declaraciones de Abanto. A partir de ellas, aparece en la escena como un nuevo factor central. Una caja fuerte es un espacio físico empleado en este caso para acumular fondos que permanecieron fuera del alcance de las autoridades; en una suerte de limbo temporal, en suspenso hasta que alguien decida su destino. De hecho, no todos los fondos que allí se guardaron llegaron a ser usados en campañas políticas. Una parte, US$7 de 10 millones, algo menos de la mitad, podría haberse lavado de una forma completamente desenganchada de la cuestión sobre la legalidad o ilegalidad de su origen.
El caso Fujimori y otros cubre todo el periodo que media entre los años 2011 y 2016. Jaime Yoshiyama era el secretario general del partido en el 2011. Pero entregó la administración de la organización a Joaquín Ramírez en abril de 2015, a mitad del ciclo. La caja fuerte cuya existencia ha reconocido Humberto Abanto no era una bóveda del partido. Era un dispositivo personal del señor Yoshiyama. Abanto no nos ha dicho aún cuánto dinero se había acumulado en ese dispositivo ya en abril de 2015. Pero una persona que ha sido ministro de Estado tres veces, congresista y presidente del Congreso no puede haber dejado de ser minucioso de la noche a la mañana. Jaime Yoshiyama debe haber mantenido en su poder un registro detallado de cada centavo (cada millón) que se acumuló en esa caja fuerte. Y si ha destruido esos registros, debemos saberlo. De US$17 millones solo US$10 se gastaron en campañas políticas; hay US$7 que no están en ninguna parte y no sabemos cuánto dinero había ahí en abril de 2015, cuando el manejo del partido cambió de manos. ¿Yoshiyama entregó esos excedentes no gastados a Joaquín Ramírez o siguió administrándolos él mismo? ¿Quién los usó y de qué manera?
Esa caja fuerte transforma el sentido de la maquinaria de reemplazantes construida por la Fiscalía. Esa maquinaria no parece ya haber sido montada para ocultar la identidad de Romero, de Rassmuss o de algún otro aportante originario. Parece montada para ocultar la existencia de esa caja.
Si la Fiscalía está dispuesta a ajustar su historia original, tiene aquí un esquema que parece perfecto. ¿La tenencia de esa caja forma un acto preparatorio de lavado? ¿Los fondos que salieron de esa caja con destinos distintos a campañas políticas formaron alguna fortuna clandestina puesta fuera del alcance de la Sunat? ¿Se perpetraron fraudes tributarios para ocultar el destino de esos excedentes? ¿La forma en que se gastó ese excedente representa un caso por lavado? ¿Y qué dispositivo reemplazó a la caja fuerte de Jaime Yoshiyama después de abril de 2015? ¿Hubo algún reemplazo?
Solo con una declaración, Humberto Abanto le ha dado a esta historia un nuevo giro. En su origen, el caso Cócteles se organizó reprochando a la señora Fujimori haber permitido que ingresen a las arcas de su partido fondos entregados por Jorge Barata que venían de la lavandería que manejaba Odebrecht. Esos fondos fueron recibidos con absoluta indiferencia sobre su origen. El caso se justificó en esa indiferencia. Pero las cifras de esta historia muestran que las alarmas no se encendieron entonces porque la organización de la señora Fujimori recibió, en ese periodo, de personas que no manejaban lavanderías, mucho más que un millón en efectivo.
La defensa ha insistido en que usar fondos ocultos en política solo ha sido declarado delito en el Perú a partir de AGO19. Funciona cuando no se trata de fondos que provengan de una lavandería. Pero tomar fondos de una caja fuerte clandestina y lavarlos generando ingresos e inversiones personales de origen encubierto es una cuestión distinta. Un caso de lavado si en el camino se cometieron delitos tributarios.
Hasta hace unos días, la Fiscalía parecía haberse extraviado en un caso propuesto en extensión y contenidos inmanejables. Humberto Abanto, sin notarlo, ha dado a la Fiscalía una oportunidad para reorganizar su acusación. Si se mira con cuidado, los elementos de esta nueva historia no son nuevos, han estado allí todo el tiempo. Bastaría con un intermedio para reorganizar las cosas.
Pero falta saber si la Fiscalía encontrará la manera de hacerlo.
