Los simpatizantes de Keiko Fujimori permanecen horas en las calles aledañas al lugar donde se está ventilando el proceso contra el partido Fuerza Popular y sus principales dirigentes. Cada mañana se ubican en los exteriores y se quedan lanzando arengas y mostrando sus antipatías por el fiscal José Domingo Pérez, a quien agreden verbalmente mientras ingresa o se retira del recinto.
El fiscal ha debido participar en las audiencias protegido por un chaleco antibalas, a causa de las amenazas que ha recibido contra su vida. No podemos dejar de incluir en este recuento de agresiones a los grupos antisociales que hacen abuso extremo de la pasividad de la policía y las autoridades y que responden ideológicamente al fujimorismo y a sus socios políticos. Ellos atacan vilmente a las personas que públicamente discrepan de sus líderes, las agreden, insultan, cercan y hostigan. Lanzan objetos malolientes a viviendas y oficinas mientras gritan a todo pulmón con sus megáfonos encendidos, ante la vista paciente y protectora de sus promotores políticos.
Este clima hostil y no sancionado ha dado origen a conatos de violencia a la salida de las audiencias. Ayer, la víctima resultó siendo la abogada de la acusada Keiko Fujimori, quien recibió un golpe en la cabeza cuando se disponía a subir a su vehículo. Giulliana Loza había sido filmada días anteriores mientras compartía gestos obscenos con el otro defensor Humberto Abanto, según denuncia del fiscal José Domingo Pérez. Esas expresiones sobre una supuesta orientación sexual del abogado del Estado fueron festejadas por la propia Keiko Fujimori. Al ser denunciados ante el colegiado por la vulgar referencia, la negaron.
La hostilidad viene de uno y otro lado. Es promovida desde el Estado, que no hace nada frente a ataques permanentes contra los opositores, y alimentada por conductas indignas, que hablan mal del nivel profesional y personal. Nada, sin embargo, justifica la violencia verbal o física contra la abogada Loza y contra el fiscal Pérez, la cual condenamos.
