Los obispos y las congregaciones crean una comisión de expertos para evaluar las cuantías para los casos prescritos o con el abusador fallecido, y garantizarán el pago aunque su dictamen no sea vinculante
Cierre de filas en la Iglesia ante su hoja de ruta para indemnizar a las víctimas de abuso. No suele ser ni mucho menos habitual que los presidentes de la Conferencia Episcopal Española y de la Conferencia Española de Religiosos (Confer) comparezcan a una para presentar un proyecto común. Ayer, el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, y el prior provincial de los dominicos de Hispania, Jesús Díaz Sariego, presentaron públicamente el plan de reparación integral para las víctimas de abusos con casos prescritos o con el agresor ya fallecido.
A su puesta de largo ante los medios, llegaban después de una mañana intensa. Díaz Sariego lo hacía con el aval logrado a primera hora de los responsables de las más de 400 congregaciones de nuestro país. Argüello hacía lo propio con una Asamblea Plenaria Extraordinaria. No hubo voto en contra alguno de los 67 obispos presentes en la llamada Casa de la Iglesia. Solo una abstención en uno de los tres documentos que conforman el plan. «Podría decirse que se ha aprobado de forma casi unánime», exponía satisfecho el presidente del Episcopado, que llegó a decir que se trataba de «un día importante», si bien apostillaba que «el trabajo que la Iglesia viene realizando no empieza ni termina hoy, pero es un día importante».
Tal y como adelantó LA RAZÓN, la medida central de este plan es la creación de una comisión asesora formada por diez profesionales –cuatro juristas, dos psiquiatras, dos psicólogos, un representante de los obispos y un representante de los religioso– que evaluará caso por caso las indemnizaciones, la atención psicológico y el acompañamiento espiritual que requiera cada una de estas víctimas que no han sido resarcidas ni por la justicia civil ni por la canónica. Incluso ya estarían designados estos expertos con nombres y apellidos, y se espera que comiencen sus trabajos en septiembre. «Algunos están vinculados a asociaciones y no les hemos pedido el carné de católicos», explicó ayer Argüello.
Junto a estas diez sillas, el plan de los obispos contempla la presencia de víctimas, si así lo requiere el equipo, con voz, pero no con voto. Este es el principal punto de fricción con las asociaciones de víctimas, que reclaman una presencia activa para que esta comisión gane en independencia. El presidente de los obispos salió al paso de estas críticas, apuntando que deja la cuestión en manos de la comisión para que, en su futuro reglamento, establezca «un cauce habitual, no extraordinario para que convoque a las asociaciones». De la misma manera, será esta comisión la que determine la cantidad exacta a recibir por cada víctima, sin máximos ni mínimos prefijados, algo en lo que no intervendrán los obispos. De hecho, en el texto del plan solo se señala que tendrá «en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios orientadores de otras conferencias episcopales del entorno».
Pero, ¿quién pagará? Ni la Conferencia Episcopal ni la Confer. Será el obispo o la congregación a la que esté vinculado el caso el responsable de asumir las indemnizaciones. Y es ahí donde podría aparecer otro escollo que tanto Moncloa como las víctimas han echado en cara a la Iglesia, puesto que las decisiones de la comisión asesora no son de obligado cumplimiento.
«No hemos aprobado un decreto jurídico que obligue jurídicamente, porque la Conferencia Episcopal no tiene esa capacidad, pero sí asumimos una obligación moral», explicó Argüello. Eso sí, preguntados por la posibilidad de que un obispo o un provincial se niegue a acatar el dictamen, tanto el presidente del Episcopado como el de Confer cerraron filas. «Si llegara el caso, que no lo creo, en que un obispo o un provincial se negar a dar una indemnización, asumiríamos esa deficiencia», aseveró Díaz Sariego.
El arzobispo de Valladolid también salió al paso de los ataques recibidos en estos últimos días por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. «Claro que sí hemos actuado de manera unilateral, porque este plan responde a una decisión libre moral», reivindicó el presidente de los obispos, que de forma reiterada compartió que «estamos dispuestos a una leal colaboración desde el respeto».
Eso sí, lanzó una advertencia a Bolaños: «El Gobierno de un Estado Democrático debe respetar las reglas del juego: una institución tiene derecho y deber de organizarse con respecto a sus obligaciones».
En esta misma línea, acusó al ministro de tener «una mirada parcial y sesgada». Precisamente, de forma implícita, Argüello reconoció que el hecho de que ayer ninguna asociación de víctimas acudiera a la Plenaria habría estado propiciado porque el día anterior Bolaños convocó al colectivo precisamente para deslegitimar el plan eclesial: «Entiendo que en la situación vivida en estas últimas horas, han podido considerar que no era oportuno venir».
