“Vivan siempre el trabajo y la paz”: así concluye nuestro himno nacional, las mismas letras que desde pequeños hemos entonado. Por ello, hemos escogido estas últimas expresiones en tiempos difíciles para la nación.
Hondas preocupaciones nos desvelan. Sentimos que estamos en tiempos de gran oscuridad, en los que la educación es deficiente, los más pobres siguen empobreciéndose, la violencia, el olor a muerte pulula en nuestras calles, y las oportunidades de trabajo son muy limitadas, donde existen tremendas desigualdades entre mujeres y hombres.
Aún más grave es que los poderes de la República no se hablan claro ni chatean como amigos ante tanta responsabilidad frente a la ciudadanía que tiene sed de justicia.
Hay vientos de autoritarismo que soplan constantemente desde la Casa Presidencial. Mucha gente padece de ignorancia inculpable ante mensajes distractores.
¿A quién corresponde entonces aclarar las mentes confusas? No solo a los 57 diputados que fuimos elegidos por el sufragio popular, sino también a los grupos de tantos profesionales y conocedores no solo de la política con mayúscula, sino de la academia, de los pacificadores y de los expertos en estas cosas. Todo ello imbuido de sentimientos sinceros, no de manipulaciones.
Frente a un presunto apoyo público de gente ayuna de comprensión real —la masa que se mueve por el sentimentalismo ante confusos discursos de odio—, se dice que debe legislar el “soberano”. De paso, la pretensión es destronar el Estado de derecho y la democracia anulando los controles de constitucionalidad y legalidad en manos de la Contraloría General de la República.
Hay tres voceros esenciales de esa barbaridad: el presidente, cuyos distintivos son la agresión, el insulto, la burla y la utilización de un animal salvaje que ataca hambriento y destruye. Tras las manifestaciones del Bank of America, crítica evidente a esas posiciones, el señor de la Casa Presidencial (la de los sustos) acusa a esa entidad internacional de “enterarse” por la vía de la prensa, que él ha calificado arbitrariamente de “canalla”.
Ello nos ha traído una baja en el orgullo nacional sobre la libertad de información y comunicación en Costa Rica, derecho humano consagrado.
Las otras repetidoras que acogen como eco la agresión discursiva distorsionadora son una diputada oficialista y una ministra recién nombrada, quien deja en mal a su antecesora de pura entrada, según su dicho.
Esta última, me atrevo a decir, ilegítimamente, está en campaña política como vocera del gobierno. Lo más grave es que atacan, con amplia ignorancia de la Constitución Política y la ley, la labor previa y de alerta en cuanto a la vigilancia de la Contraloría General de la República.
Su función, entre otras de importancia, es su obligación de control de los usos correctos de los bienes y las contrataciones públicas. La labor preventiva que se le quiere arrebatar a esta institución, no a la respetable doña Marta Acosta, sirve para evitar la corrupción.
Esas dos señoras pretenden explicar a la población lo que no saben: derecho de la Constitución, derechos humanos y el control requerido en materia de contrataciones cuando se ven involucrados los bienes públicos. Nada tiene que ver con la tal Ciudad Gobierno. Ese es el engaño. Por otras vías de cumplimiento de la ley, es posible, no con la desfachatez de atacar a nuestra democracia con un discurso popular ingrato.
La autora es diputada.
