El gobierno de Nicaragua canceló este martes la personería jurídica a la Asociación Radio María y a otras 12 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, en medio de las tensiones entre el Ejecutivo que preside el sandinista Daniel Ortega y la Iglesia católica.
La disolución de Radio María -que operaba desde hace 40 años- y de las otras 12 organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior argumentó que cerró de forma unilateral Radio María, cuya personalidad jurídica había sido otorgada en febrero de 2000, aunque operaba desde 1984, por «incumplimiento», debido a que no reportaron sus estados financieros del período 2019 al 2023, y su junta directiva estaba vencida desde el 8 de noviembre de 2021.
La medida se produce luego de que la emisora anunciara que reduciría su horario de programación, de 24 a 14 horas (entre las 05:00 horas a las 19:00 horas) a raíz del bloqueo de sus dos cuentas bancarias con el Banco de la Producción (Banpro) que le impedía recibir donaciones.
También luego de que las autoridades obligaran a la emisora a incluir en su programación el informe oficial que de lunes a viernes ofrece la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.
Las relaciones del gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
Además de Radio María, el Ministerio del Interior canceló otras 12 asociaciones, con lo que suman más de 3.600 las organizaciones no gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018, y la mayoría de sus bienes han sido traspasados al Estado.
Entre las 13 ONG canceladas se encuentra la Asociación Colectivo de Mujeres de Masaya, Asociación de Productores Agro-Ganaderos, No Tradicionales de San José de Bocay, Asociación de Puestos de Bolsa de Nicaragua, Cámara de Comercio y Servicios de Masatepe, entre otras.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre uno de los 13 organismos que solicitó su disolución voluntaria.
Con el cierre de estas 15 ONG, suman más de 3.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez opinan que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones de hace seis años.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».
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