Una ley centenaria que penaliza el adulterio podría ser eliminada próximamente en una reconocida ciudad de Estados Unidos. La normativa, que impone multas y penas de prisión, está a un paso de ser derogada y solo falta la firma de la gobernadora Kathy Hochul.
En la ciudad de Nueva York, una ley que penaliza el adulterio con hasta tres meses de cárcel y multas de hasta 500 dólares está a punto de ser derogada. Esta normativa, instaurada en 1907, ha sido aplicada de manera esporádica en las últimas décadas. Ahora, la propuesta de derogación, impulsada por el asambleísta Charles Lavine, ha pasado con éxito por la Asamblea y el Senado, y solo necesita la firma de la gobernadora Kathy Hochul para entrar en vigor.
El proyecto de ley presentado en marzo de 2024 busca eliminar el artículo 255.17 del código penal de Nueva York, que tipifica el adulterio como un delito menor. Lavine argumenta que esta ley es una reliquia de tiempos pasados y que el estado no debería regular el comportamiento sexual consensuado entre adultos. Desde 1972, solo 13 personas han sido acusadas bajo esta ley, resultando en cinco condenas, lo que demuestra su aplicación mínima y, según Lavine, innecesaria.
La ciudad de Estados Unidos donde los infieles podrían ir presos ha sido Nueva York durante más de un siglo. La ley que penaliza el adulterio en esta ciudad se considera obsoleta y poco práctica. Desde su instauración en 1907, la norma ha sido aplicada en contadas ocasiones, reflejando un cambio en los valores sociales y legales hacia la privacidad y las libertades personales.
El artículo 255.17 del código penal establece que una persona es culpable de adulterio si tiene relaciones sexuales con otra persona mientras cualquiera de los dos está casado. Este delito menor se castiga con hasta 90 días de prisión o una multa de 500 dólares. Sin embargo, desde 1972, solo una docena de personas han sido acusadas bajo esta ley, y en la mayoría de los casos, el adulterio fue un cargo adicional en casos que implicaban otros delitos.
La derogación de esta ley se considera necesaria debido a su aplicación mínima y al cambio en la percepción pública sobre las leyes que regulan la moralidad privada. Charles Lavine, impulsor del proyecto, enfatiza que la ley actual criminaliza el comportamiento sexual consensuado entre adultos, algo que considera innecesario e invasivo.
Lavine explica que, de los pocos casos en los que se ha aplicado la ley desde 1972, solo cinco han resultado en condenas. La última aplicación documentada ocurrió en 2010, cuando una mujer fue sorprendida teniendo relaciones sexuales en un parque público. Este caso fue desestimado como parte de un acuerdo, subrayando la falta de relevancia práctica de la normativa.
Liz Krueger, senadora estatal, también apoya la derogación, argumentando que la ley casi nunca se ha aplicado y que, en los pocos casos en los que se ha utilizado, ha servido como herramienta de coacción en disputas matrimoniales. La senadora sostiene que esta norma no tiene sentido en la actualidad y debería ser eliminada del código penal.
La discusión sobre la eliminación de leyes contra el adulterio no es exclusiva de Nueva York. Varias ciudades y estados en Estados Unidos aún mantienen normativas similares en sus códigos penales. Sin embargo, muchos han empezado a reconsiderar estas leyes a la luz de los cambios en los valores sociales y el respeto por la privacidad y las libertades personales.
Estados como Colorado y New Hampshire han procedido a derogar sus propias leyes de adulterio, reconociendo los argumentos de privacidad y consentimiento adulto. La evolución en la percepción pública sobre estas leyes refleja un movimiento más amplio hacia la despenalización de comportamientos sexuales consensuados entre adultos.
La relevancia de la derogación propuesta en Nueva York radica no solo en actualizar las leyes a los valores actuales, sino también en eliminar una norma que ha sido utilizada mínimamente y, en muchos casos, de manera injusta. La firma de la gobernadora Kathy Hochul marcará un paso importante en la modernización de las leyes del estado, alineándolas con la evolución en los valores sociales y la protección de las libertades personales.
