La masiva llegada de inmigrantes a las costas canarias constituye un desafío político de máximo nivel. De entre las personas que desembarcan de forma irregular, los menores no acompañados representan, además, una realidad especialmente compleja, por cuanto requieren un tratamiento asistencial singular al ser niños y jóvenes especialmente vulnerables. La responsabilidad de todo gobierno pasa por custodiar de manera diligente y efectiva nuestras fronteras, disuadiendo en los países de origen la salida de personas y evitando su llegada desordenada. Por este motivo, el Ejecutivo no puede mirar hacia otro lado ante un aluvión migratorio que en gran medida es consecuencia de su incapacidad para gestionar esta circunstancia. La legalidad debe cumplirse en todos los órdenes y el desplazamiento de personas, sin duda motivado por las penosas condiciones de vida de los países emisores, también debe adecuarse a un marco regulatorio que permita planificar la acogida de forma prudente y ordenada. Nadie debería rebasar ilegalmente una frontera, pero cuando una persona pone sus pies en territorio español, el escrupuloso respeto de la dignidad humana, más aún si se trata de menores, no puede ser materia negociable. No cabe duda de que la acogida de quienes llegan en condición irregular y sin recursos es un problema, cuya gestión exige un compromiso solidario entre todos los territorios y todos los partidos. Sólo por este motivo, el PSOE se equivoca al ocultar al PP, el partido más votado de España y el que más poder territorial ostenta, las condiciones de un pacto que pueda dar solución a este drama humanitario. Nuestro país no puede abandonar a las islas Canarias a su suerte, y es responsabilidad de todos mutualizar una realidad que no es ni sencilla ni barata. El Partido Socialista debería conducirse con una mayor seriedad y afrontar este problema con una sensibilidad suficiente como para no convertirlo en la enésima excusa para la confrontación política. Una confrontación de la que interesadamente excluye, por cierto, a sus socios de legislatura. La lealtad institucional que los socialistas exigen a los gobiernos autonómicos del Partido Popular debe ser de ida y vuelta. Por este motivo, el plan que se ponga sobre la mesa tendrá que incluir una suficiente dotación financiera y de seguridad para aquellas administraciones que se muestren dispuestas a recibir a menores no acompañados y, sobre todo, deberá elaborarse de forma coordinada con los populares. Resulta revelador que partidos como Junts estén exhibiendo una actitud xenófoba al intentar desmarcarse de un reparto que deberá ser equitativo, sin excepciones ni privilegios. La fragilidad parlamentaria del PSOE ha llevado a los socialistas a quebrar la igualdad de los ciudadanos ante la ley en distintos momentos y en los más diversos frentes, pero sería enormemente grave que en lo que atañe al drama migratorio se pudieran generar beneficios o políticas diferenciadas en virtud de la precaria estabilidad parlamentaria del Gobierno de Sánchez. De igual modo, la actitud desafiante de Vox, al amenazar al PP con romper los pactos autonómicos si los de Feijóo se avienen a una distribución entre comunidades, expresa una deslealtad que, por cierto, resulta antipatriótica e incompatible con los valores que los de Abascal dicen defender. Una vez resuelta la emergencia coyuntural que sufre Canarias, será imperativo sentar las bases con las que construir un pacto de Estado en torno a la política migratoria. Sin prejuicios, con realismo, humanidad y desde una leal transparencia entre todas las partes. Empezando, por supuesto, por una gestión más efectiva de las fronteras.
