El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la resolución de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos por la que se declara, a propuesta de la Consejería de Industria, Energía y Minas, inversión empresarial de interés estratégico de Andalucía el proyecto de ampliación de la planta de fabricación de transformadores de potencia de Hitachi Energy Spain en Córdoba . La iniciativa supondrá una inversión de 80 millones de euros y prevé la generación de 75 puestos de trabajo directos a tiempo completo durante la fase de explotación. La actuación consiste en la ampliación de la capacidad de la línea de fabricación actual de transformadores en sus dos productos principales y en la creación de dos nuevas líneas, una dedicada a la fabricación de las cubas de transformadores de potencia y otra para la fabricación de reactancias de potencia . En este sentido, el proyecto se alinea con la política industrial de Andalucía, en tanto que busca incrementar la huella industrial en el desarrollo de las energías renovables, y particularmente se enmarca en el Plan de Cadena de Valor Crece Industria de la Energía, Climatización y Frío Industrial. Además, generará 75 empleos directos . La declaración de proyecto de interés estratégico de Hitachi Energy Spain cuenta con el informe favorable, a los efectos de su designación, de la Unidad Aceleradora de Proyectos, así como con los informes preceptivos de la Consejería de Industria, Energía y Minas, competente por la materia del proyecto; de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; de Salud y Consumo; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Turismo, Cultura y Deporte; y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Esta declaración tiene por objeto establecer un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa para fomentar al máximo las iniciativas empresariales, así como favorecer el mantenimiento, la creación de empleo y la atracción de inversiones a Andalucía. De esta manera, la consideración de proyecto de interés estratégico implica la reducción a la mitad de los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos previstos en la normativa, según recoge el Decreto ley 4/2019 de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 10 diciembre.
