El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una subvención de 1.150.000 euros para que continúen los trabajos de investigación y exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros. Los trabajos para habilitar las criptas comenzaron en junio de 2023 y tuvieron que detenerse porque una decisión judicial paralizó la licencia de obras en septiembre del año pasado.
Desde entonces no pudo acometerse tarea alguna donde no se hubieran acometido antes los trabajos que lo permitieran. Las muestras que han estudiado los forenses eran de los restos obtenidos hasta entonces, según ha sabido LA RAZÓN.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la subvención en una rueda de prensa en la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros.
Torres ha recordado que en 2021 fue concedida una primera subvención, "mucho más modesta, inicial", para la investigación, exhumaciones y resignificación de Cuelgamuros, tradicionalmente conocido como Valle de los Caídos, pero que por "el paso del tiempo y la importancia de los trabajos" es requerido un nuevo aporte.
La subvención se destina al equipo humano que realiza las labores y también a la protección y seguridad para el trabajo en las distintas criptas, según el ministro.
Además, ha recordado que "en año y pico", las peticiones de familiares para que sean identificados los restos de víctimas han aumentado “de 60 a 170” y que son ya 12 los cadáveres identificados, datos que ya ofreció en su comparecencia en el Senado el pasado 20 de junio.
Respecto a las identificaciones, "en las próximas semanas" podrán completarse "cinco más", según Torres.
El ministro ha recordado que son 33.800 los cadáveres que se calcula que están enterrados en Cuelgamuros, 22.000 del bando sublevado y 12.000 del bando vencido, "del que defendió la democracia", con la diferencia de que los primeros llegaron en su día "en cajas individuales" e identificados, y los segundos en muchos casos provenían de fosas comunes y sin comunicación a la familia del traslado.
Por otra parte, ya está en proyecto el real decreto que configure un nuevo estatus jurídico para el complejo, con la próxima extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz. En aplicación del artículo 54 de la Ley de Memoria Democrática, en el complejo se acometerá una resignificación fruto de un concurso de ideas.
En este plan futuro no tienen cabida los monjes benedictinos que llevan en el Valle desde 1958, según los planes de Moncloa. El Gobierno ha señalado que su expulsión será una decisión competencia del Vaticano, con el que ya se ha establecido comunicación y existe un Concordato Iglesia-Estado vigente desde 1953 y ratificado en 1979.
