La recaudación tributaria experimenta un período de desaceleración. Después de la aprobación de la reforma tributaria por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los ingresos del Gobierno crecieron rápidamente, pero el efecto se moderó en los últimos años.
En el evento Los ingresos del Gobierno de Costa Rica frente a los desafíos futuros, organizado este lunes por Naciones Unidas Costa Rica, Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, señaló que “todos (los expositores) tenemos algo claro: nuestro sistema tributario no tiene futuro en las condiciones en las que está hoy”. De esa forma aludió los retos del sistema impositivo, con el fin de poder cumplir con los gastos gubernamentales y las necesidades de la población a mediano y largo plazo.
Acosta y varios expertos en finanzas públicas discutieron la necesidad de reformar el sistema tributario para asegurar la sostenibilidad de los ingresos gubernamentales frente a desafíos como el cambio climático y el cambio demográfico nacional.
Pamela Jiménez, economista, demógrafa e investigadora del Programa Estado de la Nación, explicó que el sistema tributario es sensible a ciertos aspectos que la economía costarricense enfrenta. Por ejemplo, destacó que si las empresas del régimen definitivo (fuera de zonas francas) crecen a un menor ritmo, también lo harán los ingresos del Gobierno.
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También mencionó que el cambio demográfico presionará las cargas de seguridad social, como las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que el sistema depende de las contribuciones de la población trabajadora actual, cuyo crecimiento es cada vez más lento.
En el evento, además de Acosta y Jiménez, expusieron José Luis Arce, economista y director de FCS Capital; Fernando Rodríguez, economista y ex viceministro de Hacienda; Luis Mesalles, economista e investigador de la Academia de Centroamérica; y Priscilla Piedra, socia de impuestos y legal en Deloitte Costa Rica.
Los expositores coincidieron en que los impactos de la reforma tributaria del 2018 fueron positivos para generar una mayor recaudación durante los primeros años. Sin embargo, la recaudación tributaria empezó a desacelerarse al punto de que, en el acumulado entre enero y abril de este año, hubo una caída del 0,58% en los ingresos impositivos, en comparación con el mismo periodo del 2023.
Nogui Acosta aseguró que se inició un proceso de “erosión” de la reforma del 2018, motivo por el cual la recaudación se ha desacelerado y hasta caído, además de algunas exoneraciones o reducciones de impuestos aprobadas en el último año, como la del marchamo.
El comportamiento de desaceleración de los ingresos tributarios no solo se da en el primer cuatrimestre del año, sino que esto también ocurrió en el 2023 cuando los ingresos vía impuestos crecieron 1,76%, mientras que en el 2022 fue del 13,4%, según datos de Hacienda.
El economista José Luis Arce dijo que esto tiene un impacto en los montos que el Estado dedica a satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, explicó que históricamente la financiación tributaria del gasto del Gobierno se quedó corta, lo que manifiesta algunas vulnerabilidades en las finanzas públicas.
Durante la actividad, los expositores coincidieron en la necesidad de una reforma tributaria que permita asegurar la sostenibilidad de los ingresos del Gobierno. En ese sentido, varios de los expertos señalaron la necesidad de que esté dirigida especialmente al impuesto sobre la renta.
Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda, señaló que es necesario discutir un cambio legal de ese tributo pues el modelo económico tuvo un cambio importante desde 1988, cuando entró en vigencia la ley actual de renta.
Priscilla Piedra, quien fue directora general de Hacienda, enfatizó en la necesidad de que la reestructuración sea profunda, y no consista de “parches” que se hacen sobre las leyes actuales.
Sin embargo, Pamela Jiménez, economista del Programa Estado de la Nación, indicó que es necesario hacer un proceso de sensibilización en las personas para poder llegar a acuerdos en cuanto a una nueva reforma fiscal, pues se deberá discutir el tipo de renta que se prevé implementar y las afectaciones sobre los distintos grupos de interés.
Arce concluyó que la estructura impositiva de Costa Rica necesita modernizarse de cara a ofrecer equidad e igualdad de oportunidades, así como adaptarse a los retos del cambio climático y la competitividad del país.
