Si los agentes sospechan que se está llevando a cabo una actividad ilegal, tienen la autoridad para retener el coche y solicitar una orden judicial
En las carreteras españolas, los controles de tráfico por parte de la Guardia Civil son una práctica más que común. Estos controles se realizan con diversos objetivos: verificar el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil (SRI), detectar conductores que usan el teléfono móvil al volante o realizar pruebas de alcoholemia y drogas.
Durante la pandemia, los controles en las carreteras se hicieron aún más frecuentes para supervisar los desplazamientos, cuando estaban sujetos a restricciones.
Aunque de forma general los recién nombrados suelen ser los tipos de controles más recurrentes, en ocasiones, estos pueden incluir registros completos del vehículo en busca de objetos ilegales, como drogas o armas. Este tipo de registros, amparados por la Ley de Seguridad Ciudadana, no requieren autorización judicial debido a que se trata de vehículos y no de domicilios. Sin embargo, esto cambia cuando se trata de ciertos vehículos en particular.
La Guardia Civil, a través de una publicación en sus redes sociales, ha establecido pautas claras sobre cómo deben actuar los conductores durante un control. Así, los agentes indican que hay que apagar el motor del vehículo, encender la luz interior si es de noche, bajar la ventanilla y mantener las manos a la vista. En este orden.
Generalmente, estos controles son rutinarios y los agentes revisan la documentación del conductor y del vehículo. La Dirección General de Tráfico (DGT) exige llevar siempre tres documentos para demostrar que tanto el vehículo como el conductor están en regla: el carnet de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Desde 2008, no es obligatorio llevar la póliza del seguro ni el recibo del último pago.
Según la Ley de Seguridad Ciudadana, los agentes de la Policía y la Guardia Civil están facultados para llevar a cabo registros en cualquier vehículo dentro del territorio nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictaminado que las autocaravanas y vehículos camperizados, utilizados como viviendas habituales o viviendas temporales, no pueden ser registrados sin una orden judicial.
Este fallo se basa en el reconocimiento de estos vehículos como espacios donde los ocupantes desarrollan su vida privada, equiparándolos a un domicilio.
No obstante, si los agentes sospechan que se está llevando a cabo una actividad ilegal, tienen la autoridad para retener el vehículo y solicitar una orden judicial para proceder lo antes posible.
