Boeing trata de cerrar capítulos en la crisis que lleva años viviendo con uno de sus modelos, el 737 Max, una aeronave que acumula accidentes a sus espaldas. Intenta dar carpetazo, al menos en parte, firmando un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el que evitaría sentarse en el banquillo pero que podría dejarle sin sustanciosos contratos con el Gobierno, sobre todo, de Defensa.
La compañía ha aceptado pagar una multa, según recoge la agencia Bloomberg, de algo más de 243 millones de dólares (unos 225 millones de euros), que se sumaría a una cifra similar que ya pagó hace varios años a la administración federal. Sin embargo, aún le queda un paso más, porque el juez que lleva el caso tiene que aceptar esa cifra y los términos del pacto. De esta forma, el acuerdo entre el fabricante de aviones y el Departamento de Justicia conlleva el reconocimiento de haber maniobrado para engañar a la Federal Aviation Administration (FAA) a la hora de conseguir los permisos y las autorizaciones del 737 Max, así como en la formación que requerían los pilotos.
En este caso, lo que está bajo la lupa son dos accidentes mortales, en Indonesia y Etiopía que ocurrieron en 2018 y 2019 y en los que fallecieron casi 350 personas. Es decir, no abarca el accidente del pasado mes de enero en el que un avión de Alaska Airlines perdió una parte del fuselaje. En él no hubo víctimas, pero la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia que abrió una nueva crisis, porque el modelo se puso en revisión y ha reducido su negocio.
Ahora, con este pacto –si el juez respalda sus términos– Boeing, como entidad, no podrá ser procesada pero no ocurre lo mismo con sus directivos o empleados, que sí podrían serlo por esos casos ocurridos antes de la pandemia. Entonces se supo que el pilotaje del 737 Max requería un software que no funcionaba de forma adecuada, que impidió a los pilotos controlar los aviones y evitar esos dos accidentes.
En el acuerdo, denominado de culpabilidad, Boeing no solo se compromete a pagar esa multa. También, a destinar más de 450 millones de dólares a reforzar sus planes y estrategias de seguridad de sus aviones y a situarse en una suerte de tutela administrativa, porque tendrá que tener un supervisor de sus actividades durante un plazo de tres años. Además, su alta dirección tendrá que reunirse con los familiares de las víctimas de ambos vuelos. Algo que, según la prensa estadounidense, no habría hecho hasta ahora y que estos reclamaban.
Precisamente, algunos de los despachos de abogados que representan a los familiares han criticado los términos del pacto, a la espera de ver si el juez lo acepta o lo rechaza. “Estamos extremadamente decepcionados con que el Departamento de Justicia haya planteado este acuerdo de culpabilidad, totalmente inadecuado y pese a la patente oposición de las familias a sus términos”, asegura a Bloomberg Erin Applebaum, socia de la firma Kreindler & Kreindler. “No es más que un tirón de orejas y no hará nada para lograr un cambio significativo dentro de la empresa”.
Este tira y afloja entre empresa y administración federal viene de lejos. Hace tres años, la multinacional estadounidense ya acordó una compensación de cerca de 1.770 millones de dólares, una multa similar a la acordada ahora y otra de unos 200 millones de dólares exigida por la Securities and Exchange Commission (SEC) el supervisor de la bolsa, que concluyó que Boeing había engañado al mercado al asegurar que este modelo de avión era seguro cuando, en realidad, conocía los problemas. Meses después, el Departamento de Justicia entendió que Boeing no había cumplido los términos de ese acuerdo de 2021 y volvió a abrir la vía penal que, ahora, con esa tutela administrativa, la multa y el compromiso de reforzar la seguridad quedaría aparcada.
Que Boeing asuma su culpabilidad es relevante porque, en teoría, ser una empresa 'convicta' cierra puertas a la hora de llegar a un acuerdo con el Gobierno. Contratos que, sobre todo, mantiene con el Departamento de Defensa en Estados Unidos. También, con la NASA.
La compañía reconoce en sus últimas cuentas de resultados anuales, las de 2023, que el 37% de todos sus ingresos se “obtuvieron de conformidad con contratos del Gobierno de Estados Unidos, que incluyen ventas militares extranjeras” que se sellan a través de la administración norteamericana. “Los contratos están sujetos a extensas regulaciones de adquisición y otros riesgos”, asume. De esta forma, de los casi 78.000 millones de dólares que ingresó Boeing en 2023, cerca de 28.000 procedieron de esos contratos con Defensa.
En esas mismas cuentas, Boeing explica que diferentes agencias del Gobierno “revisan” su desempeño según lo que marquen los contratos, las regulaciones, las leyes y los estándares aplicables. “Cualquier deficiencia en nuestros sistemas y políticas podría resultar en retenciones” de los fondos a cobrar del Gobierno “sanciones y reducción de negocios futuros”. “Además, si alguna auditoría, consulta o si una investigación descubre actividades inapropiadas o ilegales, podríamos estar sujetos a sanciones civiles y penales”, reconoce, “y sanciones administrativas, incluyendo rescisión de contratos, confiscación de beneficios, suspensión de pagos, multas y suspensión o inhabilitación para hacer negocios con el Gobierno de los EEUU”, constata.
Ahora bien, el Ejecutivo de Joe Biden tampoco puede prescindir de Boeing como proveedor, tanto por Defensa, como por el coste económico y el golpe que podría suponer para las plantillas. De sus 174.000 empleados al cierre de 2023, solo el 14% trabajaba fuera de Estados Unidos, según la citada memoria. De ahí que la prensa estadounidense esté hablando de algún tipo de perdón o exención, para que los contratos se mantengan.
El senador por Connecticut responsable de la investigación que lleva esa Cámara sobre los accidentes de Boeing, Richard Blumenthal, ha sido muy crítico con la gestión del último equipo directivo de la empresa. Sin embargo, al mismo tiempo, defiende el futuro de la compañía. “No quiero que nadie confunda nuestros objetivos aquí. No es llevar a Boeing al fracaso. De hecho, justo lo contrario. Queremos y necesitamos que Boeing tenga éxito. (...) Queremos restaurar el brillo de esa reputación y de su negocio, que tan tristemente han sido golpeados”, aseguró durante una de las comisiones en las que se fiscaliza al gigante aeronáutico.
