España ha seguido importando armas de Israel y adjudicando contratos públicos a empresas de seguridad y defensa israelíes o a sus filiales en España. Así lo detalla en su nuevo informe el Centre Delàs de Estudios por la Paz, al que ha tenido acceso elDiario.es antes de su publicación. En él, los investigadores destacan que el valor de estos contratos públicos es de 1.027 millones de euros desde octubre de 2023, y que, “a pesar de la extrema gravedad de la actuación de Israel en la Franja de Gaza, las relaciones militares de España con Israel no se han alterado de manera sustancial a partir del 7 de octubre”.
El Gobierno español asegura que no ha autorizado nuevas licencias de ventas de material militar a Israel desde octubre de 2023, pero no ha revocado o suspendido las ya existentes, por lo que las exportaciones se han mantenido durante varios meses más. Esa decisión de continuar con los envíos de armamento a Israel sitúa a España en el quinto país de la Unión Europea que más armas y municiones ha exportado a Tel Aviv desde el pasado 7 de octubre. “El comercio de armas entre España e Israel no cesa pese al genocidio en Gaza', indica el Centre Delàs.
El Gobierno tampoco ha establecido un embargo formal de armas sobre Israel, una medida solicitada por la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese. Además, se ha mantenido “la colaboración bilateral entre los dos países en materia de inteligencia y seguridad, y en un marco más amplio de la UE y la OTAN”, indican los investigadores autores del informe.
España ha seguido importando armas de Israel y adjudicando contratos a empresas que se lucran con la masacre en Gaza
El pasado mes de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en el Congreso, que “desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna”. En su informe el Centre Dèlas señala que, “se tratara de un lapsus o no, [lo que dijo el presidente] no era cierto, porque se exportaron municiones en noviembre y diciembre, pero también porque España no ha dejado de adquirir armamento de las empresas israelíes”.
Desde el inicio de la masacre en Gaza, España no ha suspendido las importaciones de material militar de Israel. Además, ha seguido adjudicando contratos a empresas militares israelíes, entre ellas la primera y la tercera del sector en Israel: Elbit Systems y Rafael (PAP Tecnos es su filial en España). Rafael es una compañía pública israelí. Elbit es privada, pero tiene un vínculo muy estrecho y altamente estratégico con las Fuerzas Armadas de Israel. Ambas “son las más lucradas por las operaciones militares en la Franja de Gaza, donde han probado y utilizado frecuentemente los mismos productos que ofrecen a las fuerzas armadas españolas”, señala el Centre Dèlas.
El pasado mes de marzo, Elbit ya anunció que esperaba mayores ganancias este año y que sus ingresos se han visto impulsados por el aumento de las ventas de municiones a Israel para su uso en Gaza. Su presidente ejecutivo, Bezhalel Machlis, ha señalado que “es crucial apoyar a las Fuerzas de Defensa de Israel. La guerra no es positiva, pero recibimos muchos pedidos y esperamos recibir más”. La empresa israelí calcula que obtendrá unos ingresos de entre 6.500 y 7.000 millones de dólares en los dos próximos años, debido a que “hay una demanda creciente de nuestra tecnología en todo el mundo”.
Entre esos contratos concedidos por España a empresas militares israelíes -o a sus filiales en territorio español- destacan la adquisición del sistema de lanzacohetes SILAM (consorcio con Elbit) o los misiles SPIKE (PAP Tecnos, filial de Rafael), ambos publicitados como “probados en combate”, es decir en los territorios palestinos.
Las compañías de sistemas de armas de Israel “son las principales empresas militares promotoras y facilitadoras de la ocupación de los territorios palestinos”, según muestran varios informes a lo largo de los últimos años. Por ello, las adquisiciones de armamento israelí “fomentan la viabilidad de la industria de defensa de dicho país y también favorecen la militarización y la ocupación militar de Palestina”, advierte el Centre Dèlas.
Las relaciones militares de España con Israel no se han alterado de manera sustancial desde el 7 de octubre
Además, también hay otras adjudicaciones a empresas fuertemente involucradas en la operación militar en curso en Gaza, como señala el informe Delàs. Destaca, entre ellas, Palantir Technologies Inc, cuya filial en España fue la adjudicataria de un contrato, formalizado el 6 de noviembre de 2023, para “una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas”, con un presupuesto base de licitación de 20.013.400 euros y con un valor estimado del contrato (sin impuestos) de 16.540.000 euros, según informa la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Palantir tiene capital israelí y relaciones “especiales” con su aparato militar. Proporciona modelos de inteligencia artificial para aplicaciones militares, y firmó una “asociación estratégica” con el Ministerio de Defensa de Israel para suministrar tecnología de apoyo en sus “misiones de guerra”. Según Josh Harris, su vicepresidente, “esta asociación estratégica tiene como objetivo ayudar significativamente al Ministerio de Defensa israelí a abordar la situación actual en Israel”.
El CEO de Palantir, Alex Karp, afirma que sus productos han experimentado una “gran demanda” en Israel desde el 7 de octubre, y ha defendido la actuación del Ejército de Israel en Gaza, hasta el punto de perder empleados por esta razón. “Estoy sumamente orgulloso de que después del 7 de octubre, en unas semanas, estemos en el terreno y participemos en operaciones cruciales en Israel”, dijo en febrero, cuando al menos 27.000 palestinos habían muerto ya por ataques israelíes en la Franja.
España en el quinto país de la UE que más armas y municiones ha exportado a Israel tras el 7 de octubre
En noviembre de 2023 se exportaron desde España 987.000 euros en municiones a Israel, como contó elDiario.es en febrero. Lo hizo Nammo Palencia, la filial de la multinacional noruego-finlandesa Nammo. La empresa israelí receptora de esas municiones fue Elbit Systems, una de las principales proveedoras del Ejército israelí. En diciembre, España exportó a Israel más municiones y/o proyectiles, para ser reexportadas a Filipinas. También ha enviado a Israel material relacionado con vehículos blindados en octubre, noviembre, enero y febrero. En el caso de esos dos últimos meses, también con el objeto de ser reexportado posteriormente a Filipinas.
Esas exportaciones de Nammo desmienten las declaraciones del ministro de Exteriores José Manuel Albares, quien en diciembre y enero negó que se estuvieran produciendo ventas de armamento a Israel. Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio -DataComex- España ha sido, con 1,1 millones de euros, el quinto país de la Unión Europea que más material de la categoría 93 (armas y municiones) ha exportado a Israel con posterioridad al 7 de octubre, solo por detrás de la República Checa, Rumanía, Eslovaquia e Italia.
El hecho de que esas exportaciones estuviesen ya autorizadas antes del 7 de octubre no impide que se pudiera haber revocado el permiso, según establece el reglamento de control del comercio de material de defensa. Dicha normativa señala que las autorizaciones pueden cancelarse si existen “indicios racionales” de que el material puede usarse en acciones “que perturben la paz”, que puedan “exacerbar tensiones” o “que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano”, entre otros preceptos.
Ante los datos expuestos, el Centre Delàs denuncia que el Gobierno español otorga “prioridad a la seguridad jurídica de las empresas exportadoras de armamento y del Gobierno israelí, frente a la protección de los derechos humanos de la población palestina”.
La regulación del comercio de armamento tiene entre sus objetivos el respeto de los derechos humanos, la prevención de los conflictos armados y la promoción de la paz y la seguridad. Estos objetivos requieren el control de las exportaciones de armamento y de las importaciones de material de defensa.
“Desde octubre de 2023, hay que presumir que las exportaciones de material de defensa a Israel son contrarias a la ley”, señala el Centre Dèlas. El Tratado sobre el Comercio de Armas establece la prohibición de las exportaciones de armamento “si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.
Diversos juristas expertos en derecho internacional indican que la propia “transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado” constituye un crimen de guerra: “el crimen más grave que Israel comete en Cisjordania”, señalaba a finales de octubre el exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en una entrevista con elDiario.es, en referencia a una ocupación ilegal que desde hace décadas viola las resoluciones de la ONU y que sigue ampliándose y extendiéndose en la actualidad.
Desde octubre hay que presumir que las exportaciones de material de defensa a Israel son contrarias a la ley
En su informe titulado “Anatomía de un genocidio”, del pasado mes de marzo, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, establece que existen “motivos razonables para creer” que Israel ha cometido actos de genocidio contra palestinos en Gaza. Además, enumera ejemplos de actuaciones que implican la comisión de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Por su parte, el pasado mes de mayo el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Desde octubre al menos 38.000 palestinos han muerto y 88.000 han resultado heridos en Gaza por ataques israelíes. A ello habría que añadir un número indeterminado de personas desaparecidas bajo los escombros y a quienes están falleciendo por falta de medicinas, alimentos y enfermedades. La revista médica The Lancet ha publicado esta semana una estimación en la que establece que 186.000 personas podrían haber muerto en la Franja por causas indirectas. Además, casi dos millones han sufrido varios desplazamientos forzados, y toda la población padece las consecuencias de la destrucción masiva de infraestructuras y del bloqueo de la ayuda humanitaria necesaria.
Ante estos datos, desde el Centre Delàs y la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, demandan la modificación de la normativa española de control del comercio de armamentos (Ley 53/2007) “para incluir expresamente la posibilidad de que se acuerde un embargo de armas a un determinado país, tanto para exportaciones como importaciones”. Además, solicitan la revocación de todas las autorizaciones vigentes de material de defensa y doble uso, cuyo destino u origen sea el Estado de Israel, y una mayor transparencia en el comercio de armas español en general, y con Israel en particular.
“Si en una situación tan excepcional como la de Gaza, el Gobierno no aplica la legislación para parar el comercio de armamento con Israel, deberíamos preguntarnos para qué sirve esta normativa”, apunta Eduardo Melero, investigador del Centre Delàs.
Por último, el informe también destaca el aumento global de las exportaciones de armas españolas en 2022 y primer semestre de 2023, y subraya las autorizaciones al envío de material militar a Oriente Medio, que representaron el 36% del total en 2022, con Arabia Saudí a la cabeza, seguido de Egipto. “Destaca que no haya habido denegaciones de exportación de material de defensa a Arabia Saudí, cuando otros países de la UE sí que lo han hecho”, advierten los investigadores del Centre Delàs.
