El caso Begoña Gómez deja en evidencia los agujeros legales y éticos para evitar y corregir los posibles conflictos de interés en los que incurran los cargos públicos y, más en concreto, los miembros del Gobierno. Una legislación exigua , que no regula suficientemente el papel de las parejas y familiares de los altos cargos, especialmente de aquellos que ostentan la máxima responsabilidad, propicia que este tipo de conductas, como las que se le imputan a la mujer del presidente, puedan producirse sin apenas barreras preventivas. Ante esto, la sociedad civil se lanza con propuestas de autorregulación gubernamental, un campo hasta ahora poco transitado en España. En esa línea trabajan la fundación Hay Derecho, integrada por prestigiosos juristas y profesionales...
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