Gustavo Adrianzén informó que los titulares del Ejecutivo y del Legislativo respondieron a la solicitud de la Corte IDH expresando su rechazo a la petición de no aprobar la 'Ley de Amnistía'.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expresando su rechazo por el pedido que realizaron para no aprobar la ley contra crímenes de lesa humanidad. Conocida también como la 'Ley Amnistía'.
"Lo que quiero mencionar es que la presidenta y el presidente del Congreso han enviado una carta de respuesta a la resolución que ha emitido la Corte IDH. Y en esa carta de respuesta firmada por los dos poderes del estado electos, han hecho saber a la Corte IDH el profundo rechazo que les ha merecido esta resolución", expresó Adrianzén.
Por su parte, el titular de la PCM informó que su despacho aún no han recibido la ley que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002, aprobada el pasado jueves 4 de julio por la Comisión Permanente del Congreso: "Nosotros todavía no hemos recibido esa ley. Cuando llegue a la Presidencia del Consejo de Ministros haremos una evaluación, partiendo por supuesto de lo que opine el Ministerio de Justicia", agregó.
Finalmente, Adrianzén ha dado a conocer que, pese a la respuesta de la presidenta Boluarte y de Alejandro Soto, no existe "ninguna razón, de momento, para excluirnos de la Corte IDH".
Carta 05 de Julio CIDH by La República
En la reciente conferencia de prensa que la presidenta brindó este lunes 8 de julio, se le consultó respecto a la ley aprobada en segunda votación en el Congreso denominada 'Ley Amnistía' y tras el envío de esta carta, saber si el Perú se encontraría en un desacato a lo dictado por el organismo internacional.
Al respecto, la mandataria dijo: "Sobre el proyecto de ley de lesa humanidad, todavía o ha llegado al ejecutivo. Esperemos en el plazo correspondiente que llegue, los sectores lo revisarán. Y nosotros estaremos atendiendo en esa mirada".
Días previos a la aprobación de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del año 2002, cuando en el Perú entró en vigencia el Estatuto de Roma, el premier se refirió al pronunciamiento de la Corte IDH y dijo estar indignado por la resolución emitida por el organismo internacional.
En una conferencia de prensa, le respondió a La República: "Indignado. Absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Está decidiendo, de la manera más insólita y, sin que exista un precedente alguno, en la jurisprudencia de esa corte en dictar una medida cautelar contra un proyecto de ley", dijo Gustavo Adrianzén.
Por su parte, la semana pasada el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, mencionó que el Estado peruano evaluará la aprobación de la conocida 'Ley Amnistía' en conjunto con sus tres poderes.
"Como saben, esto se ha aprobado por segunda votación, esto todavía no llega al Ejecutivo. Nosotros respetamos las decisiones que toma el Congreso. Cuando llegue al Ejecutivo se evaluará la observación o no observación, como toda norma que tiene este procedimiento”, dijo el titular del MIDIS quien informó que posiblemente el tema sea evaluado el próximo miércoles en el Consejo de Ministros.
En un pronunciamiento conjunto, la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto enviaron una respuesta rechazando el requerimiento que hizo la Corte IDH al Estado peruano para frenar la aprobación de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad.
En la carta, ambos poderes ratifican su compromiso con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pero hacen hincapié en que es un país soberano con su propios mecanismos de control.
"(...) Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos. Pretendería más bien en constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar", indica una parte del documento.
