La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció ante los medios de comunicación luego de transcurrir más de 90 días desde el 5 de abril, cuando se refirió a los periodistas por las acusaciones que recaen en su contra por el caso Rolex, y enfatizó que fue un "error" cometido por su persona al no anunciar que los relojes de alta gama fueron otorgados en calidad de préstamo por su "wayki" Wilfredo Oscorima.
En ese sentido, la jefa de Estado evitó referirse en profundidad sobre los temas de la coyuntura política nacional, entre ellos, la denominada 'Ley de Amnistía', la cual propone prescribir los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes de 2022. Ante ello, Boluarte Zegarra anunció que la mencionada norma aún no había llegado a Palacio de Gobierno para luego determinar qué acciones tomará su Gobierno ante una iniciativa que ha sido cuestionada por diferentes sectores sociales por sus características.
No obstante, a través de las redes sociales se difundió el documento de la referida norma, el cual señala la recepción del despacho presidencial a la 1:03 p. m. Esta recepción desmiente la versión de la jefa de Estado, quien hace unas horas señaló que el escrito aún no se encontraba en la sede del Ejecutivo para tomar una decisión al respecto.
"Los alcances de la presente ley son de aplicación automática en toda la jurisdicción nacional de la República del Perú a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad (...) Comuníquese a la señora Presidenta de la República para su promulgación", se indica en los alcances finales de la Ley.
Con la recepción del documento, la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Ejecutivo tienen plazo hasta el 1 de setiembre para observar la cuestionada 'Ley de Amnistía', que fue aprobada por los integrantes de la Comisión Permanente el 4 de julio con 15 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones.
Es importante señalar que luego de la admisión de la propuesta legislativa en ese momento, se solicitó una reconsideración, pero esta fue denegada con 11 votos a favor y 15 en contra. Además, dicha propuesta fue promovida por los grupos parlamentarios de Fuerza Popular y Renovación Popular, la cual fue aprobada en marzo de este año por la Comisión de Constitución.
En esa línea, la propuesta fue debatida en el hemiciclo principal de la representación nacional para que los 130 congresistas dieran sus respectivos puntos de vista y posteriormente tomaran una decisión. La norma en cuestión, que recibió duras críticas desde el inicio de su presentación en el Legislativo, fue aprobada en el pleno con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones en primera votación.
"Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra", se lee en el artículo 5 de la mencionada norma.
