El martes 9 de julio el Poder Judicial evaluará si archiva o no la denuncia constitucional contra Dina Boluarte como presunta autora de la comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023. La audiencia se desarrollará de manera virtual a las 10.00 a.m..
En esta fecha, el PJ analizará el recurso de apelación que presentó la defensa de la jefa de Estado para que se revoque la resolución que emitió el juez constitucional Jhonatan Valencia López el 27 de marzo de este año.
Los motivos para rechazar la demanda de amparo fue que las disposiciones fiscales fueron adecuadas, suficientes y congruentes y que no se podía acreditar una presunta violación de derechos de parte del Ministerio Público.
En tanto, respecto a la supuesta vulneración a la inmunidad presidencial, Valencia López argumentó que "el presidente de la República no está exento o libre del proceso de investigación; sin embargo, existe una prerrogativa conforme lo prescribe el artículo 117 de la Constitución Política de 1993 que impide acusarlo excepto en determinados supuestos como traición a la patria y otros motivos".
Además, en esa oportunidad, se rechazó la solicitud de archivar la investigación por la muerte de cinco personas y las lesiones de una sexta persona. También, excluyó el pedido de archivo por el presunto delito de genocidio.
"Que, de una interpretación textual se puede inferir que el dispositivo constitucional antes mencionado precisa que el Presidente de la Republica en función solo puede ser acusado en ciertos delitos; sin embargo, dicho dispositivo legal no señala ni precisa respecto a la etapa de investigación que pueda realizar el Ministerio Público frente a una denuncia constitucional, la cual se puede iniciar a un mandatario en funciones como en el presente caso", anotó Valencia López.
La Fiscalía de la Nación evalúa denunciar constitucionalmente a Dina Boluarte y al congresista Waldemar Cerrón por presuntamente impulsar proyectos de ley que habrían beneficiado a integrantes de Perú Libre. El informe fue presentado por el fiscal Ángel Astocondor de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, según reveló Cuarto Poder.
La investigación sobre este caso inició en el 2001. En ella se indaga al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, su hermano Waldemar Cerrón, la ex tesorera del partido Dina Boluarte y otros ex altos dirigentes en lo que sería "la organización criminal Perú Libre", según dicta el manuscrito.
Es así que el informe, que llegó al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, detalla acusaciones de lavado de activos e influencia indebida en la promulgación de leyes, que apuntan a una red transversal que conecta el Ejecutivo con el Congreso. Además, se identificó acciones que podrían haber obstaculizado investigaciones contra miembros del partido Perú Libre.
