El juez instructor del «caso Tsunami», Manuel García-Castellón, ha ordenado el archivo definitivo de la causa después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) acabase declarando nulas todas las diligencias que practicó a partir del 29 de julio de 2021, un día antes de la fecha en que el magistrado prorrogó seis meses la investigación. La anulación se produjo a raíz de un recurso de apelación que presentó la secretaria de Movimientos Sociales de ERC Marta Molina.
Se presume que el Supremo decretará también el sobreseimiento de la imputación por terrorismo que mantiene el expresident prófugo Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament fugado Ruben Wagensberg. Una parte del proceso judicial que está ahora en manos del Tribunal Supremo (TS) porque era aforado como eurodiputado en Bruselas en el momento de su inclusión entre los investigados.
El tribunal le dio así la razón a la republicana al considerar que la prórroga fue «extemporánea» –se hizo fuera de plazo– ya que debería haber declarado su prolongación antes de la fecha límite del plazo de instrucción entonces vigente, como establece la legislación, y no después, como hizo el juez al día siguiente de expirar ese plazo. Le ordenó así la Audiencia Nacional a García-Castellón que dictase una nueva resolución para decidir si continúa con la causa. El magistrado ha decidido archivarla, pese a que observa que hay hechos suceptibles de un delito de terrorismo, aunque con el pronunciamiento de la Sala no hay ya motivos, entiende, para seguir con la investigación que atribuía estos delitos a una decena de personas del secesionismo.
Los tres magistrados que firmaron la resolución –Ana María Rubio, Carlos Fraile y Alfonso Guevara– pusieron así en marcha desde esta Sala lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 779 para volver a hacer al instructor decidir sobre la continuidad, ahora desechada, del procedimiento sin parte de lo que hasta ahora conformaba la investigación por terrorismo del caso.
En la causa estaba también imputada la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que permanece huida en Suiza desde marzo de 2018 para evitar hacer frente a posibles consecuencias penales, y el diputado republicano en el Parlament también fugado en el país helvético Ruben Wagensberg. Al igual que el líder de Junts y expresident, la acción judicial contra Wagensberg por terrorismo permanece en el Tribunal Supremo dada su condición de aforado como diputado del Parlament.
La presencia de estos tres dirigentes del independentismo investigados en el «caso Tsunami» tendría que haber sido dictada y argumentada de nuevo por García-Castellón al haber sido posteriores a finales de julio de 2021.
El juzgado instructor consideró que el plazo de instrucción no llegó a expirar gracias al auto del 30 de julio de 2021 en el que se acordó la prórroga y le «dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna» de las actuaciones.
Ahora, la Sala de lo Penal señaló las contradicciones que presenta este razonamiento que desplegó en su auto ahora anulado García-Castellón. «No cabe sostener sin detrimento de la congruencia, que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado el día 30 siguiente. Aunque ambos hechos, la expiración y su prórroga sean cercanos –están separados por menos de 24 horas– es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo».
Por todo ello, el tribunal concluye que la proximidad temporal de expiración de plazo y prórroga no indica continuidad en la instrucción, sino lo contrario.
Sin embargo, en el caso del otro recurso presentado por la mano derecha de Carles Puigdemont, el también investigado Josep Lluís Alay, la Sala rechazó el recurso con el que pretendía el sobreseimiento de la causa justamente apoyándose en la expiración del plazo de instrucción del procedimiento.
Los magistrados consideran que Alay constaba en este causa como investigado ya antes del 29 de julio de 2021, día en que concluyó la fase de instrucción, aunque no hubiere prestado declaración alguna en sede judicial bajo esta condición.
En la lista de los otros siete investigados figuran los nombres del dirigente de ERC Xavier Vendrell; el señalado como tesorero de «Tsunami Democrático», Jaume Cabani; el que fuera vocal de Òmnium Cultural Oleguer Serra; el periodista Jesús Rodríguez; los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó, y el financiero italiano Nicola Glavio Giulio Foglia.
García-Castellón, bajo su propio criterio y ajustándose a las diligencias practicadas dentro de este periodo que concluyó el 29 de julio de 2021 ha puesto punto final a la investigación. Gonzalo Boye había dicho antes con la decisión del juez de la AN: «Inicio del primer asalto, ¡ganado!».
