La Fiscalía de la Nación deberá entregar a la empresaria Sada Goray una copia de la declaración que brindó en calidad de testigo protegido contra el expresidente Pedro Castillo, así lo dispuso el Poder Judicial.
El juez Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró fundada la tutela de derechos solicitada por la defensa de Goray Chong.
Es así que se dispuso que la empresaria reciba la declaración que dio en febrero de 2023 en el caso de corrupción contra Castillo Terrones y otros funcionarios del Ministerio de Vivienda.
"Disponer que el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación expida a la recurrente Sada Angélica Goray Chong, copia de su declaración brindada el 07/02/2023, contenida en la Carpeta Fiscal N°266-2022", indica el fallo judicial.
La empresaria acusó a la Fiscalía de vulnerar su derecho a la defensa y al debido proceso al negarle el acceso al testimonio que brindó en febrero de 2023, debido a que no tiene la condición de "sujeto procesal".
La defensa de Goray Chong indicó que desea tener acceso a la declaración para conocer cuales fueron los hechos por los que fue interrogada y también para demostrar que tiene una actitud colaborativa con la justicia.
Asimismo, indicaron que la Fiscalía les dijo que tendrían una copia de su declaración una vez que renuncien a su calidad de testigo protegido, pero que una vez que cumplieron con esta disposición nuevamente les negaron la petición.
Por su parte, durante la audiencia, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación argumentó su posición de negar el acceso del testimonio a la empresaria.
Según lo dicho por los fiscales, el contenido de la investigación es reservado y sensible, por lo que solo las partes implicadas pueden hacer solicitudes al respecto, pero no los testigos.
Por esta razón, Sada Goray "carece de legitimidad" para solicitar que se le dé información de la investigación, por lo que la tutela de derechos debe declararse improcedente.
Como se recuerda, el 03 de agosto del 2023, el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva para Sada Goray y Mauricio Fernandini, debido a su presunta implicación en un caso de corrupción vinculado al Fondo Mivivienda (FMV).
El juez Raúl Justiniano determinó que hay suficientes elementos de convicción para esta medida, argumentando que Goray y Fernandini no tienen arraigo suficiente y podrían obstaculizar la investigación.
La fiscalía sostiene que Goray pagó coimas para asegurar la contratación de sus recomendados en el FMV y otras instituciones, mientras que Fernandini facilitó estas transacciones. Ambos enfrentan acusaciones de colusión, un delito que en Perú se sanciona con al menos 15 años de prisión.
En mayo del 2024, el periodista Mauricio Fernandini salió del penal Castro Castro, luego de que el Poder Judicial declarara fundado la apelación que presentó su defensa y cambió la medida de prisión preventiva a comparecencia con restricciones.
